La simulación en el outsourcing

Cuando esta práctica se desvirtúa por empresas carentes de ética o compromiso social, por decir lo menos, como una simulación para evadir obligaciones patronales, son los trabajadores los que pierden más, pero, como sociedad, perdemos todos

De manera muy elemental, podemos decir que las empresas tienen como objetivo satisfacer necesidades de las personas o de la sociedad a partir de la producción de bienes o la prestación de servicios; en el caso de las empresas privadas, esa función también tiene como fin obtener un lucro; esto es, quienes deciden invertir su capital, lo hacen con la expectativa de lograr un beneficio o maximizar sus ganancias, su estrategia económica, financiera, fiscal o de marketing se orienta, principalmente, a obtener la mayor rentabilidad y, por igual, procuran disminuir sus costos. En esto no hay nada ilícito.

El problema surge cuando la obtención de ganancias se hace a costa de perjudicar a otros, ya sea a las finanzas públicas con estrategias que promueven la elusión y evasión fiscal o perjudicando a los trabajadores violentando sus derechos, evitando pagar la seguridad social y demás prestaciones o pagándoles menores salarios.

El outsourcing o la subcontratación es parte de las estrategias que las empresas utilizan para hacer más eficientes sus operaciones; se trata de fragmentar las actividades, de subcontratar a otras empresas para que realicen tareas que no son parte de su actividad principal o esencial. Gracias a esta decisión administrativa, las empresas disminuyen equipo y espacio que dedicaban a esas operaciones, logrando reducir sus gastos de operación se vuelven más competitivas y la competencia redunda en menores precios para los consumidores. Hasta aquí, pareciera que las cosas van bien.

Sin embargo, cuando esta práctica se desvirtúa por empresas carentes de ética o compromiso social, por decir lo menos, y que utilizan esta figura del outsourcing como una simulación para evadir obligaciones patronales, son los trabajadores los que pierden más, pero, como sociedad, perdemos todos, porque lo que se incentiva es la concentración del ingreso y la perpetuidad de la desigualdad, una sociedad cada día menos justa. Algunas de esas prácticas perniciosas que se han detectado son la transferencia de trabajadores de una empresa a otra creada ex profeso, de este modo, los empleados dejan de pertenecer formalmente a la empresa principal, pierden su relación laboral con el verdadero patrón y dejan de percibir la participación de utilidades que contribuyeron a generar. Por otro lado, proliferan las empresas temporales que permanecen sólo mientras dura la actividad subcontratada, lo que genera una gran movilidad de los trabajadores, de una empresa a otra, en un periodo muy corto de tiempo, por lo que resulta difícil sostenerse en un régimen pensionario. Una conducta que ya cae en lo delictivo es la emisión de facturas por actividades que no se realizan por las empresas subcontratadas, muchas de las veces empresas fantasma, de las que se valen quienes las contratan para deducir el pago de impuestos.

El Estado debe cumplir con la obligación de tutelar y observar que se garanticen los derechos laborales, para ello debe implementar mecanismos y medidas que eviten el abuso de los empleadores y de proteger a los trabajadores respecto de sus derechos, seguridad social y salario digno.

Ése es el sentido de las mesas de trabajo en materia de subcontratación, que coordina el senador Ricardo Monreal, y de las cuales seré moderador, en las que participan la secretaria del Trabajo, el director de IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el procurador fiscal, representantes del sector sindical y del sector empresarial. Desde el Senado contribuiremos a erradicar estas prácticas viciadas, queremos empresas que crezcan y sean competitivas, pero no a costa de utilizar el outsourcing de manera simulada y en perjuicio de los trabajadores, desde ahí velaremos por proteger sus intereses.

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