Insabi, el bien superior de los más pobres

Por Lucía Meza Guzmán*

En la víspera de cada año que comienza, uno de los parabienes más deseados es el de la salud. Enfrentar cualquier tipo de enfermedad representa fuertes gastos para cualquier familia.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzó a funcionar el primer día de este 2020, ofreciendo servicios de salud gratuita a 69 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social.

Creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Insabi sustituye al Seguro Popular. Ofrecerá atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para todos sus beneficiarios, incluso los extranjeros podrán acceder a éste.

Los beneficiarios no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas, únicamente deberán presentar su credencial del INE, su Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento.

Tampoco necesitarán acudir a un módulo, afiliarse y recibir una póliza, no tendrán que pagar cuotas anuales para ser atendidos en las unidades médicas como ocurría anteriormente con el Seguro Popular, ni presentar alguna póliza de afiliación.

Es decir, “todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos”, se ha comprometido el Presidente.

El 14 de noviembre pasado, en el Senado aprobamos la creación del Insabi, con lo que desapareció el Seguro Popular, que fue, en efecto, una suerte de servicio de salud semiprivatizado que permitió a muchos, desde el gobierno, hacer negocios con ese sistema, ideado en la administración del expresidente Vicente Fox.

Es por ello que, previo a la aprobación de este nuevo seguro, se promovieron fuertes campañas en su contra. Se propagaron noticias falsas y se aprovechó el dolor de muchas familias para crear la versión de que aquellos, cuyas familias tuvieran una enfermedad grave como cáncer, sida, sífilis, absceso cerebral, hipertensión arterial pulmonar o hepatitis, ya no iban a contar con el apoyo del Estado para enfrentar lo que se conoce como “gastos catastróficos” –por lo onerosos que son–.

Por esto es plausible la difusión de información que precisa que es falso que las familias ya no contarán con el apoyo económico necesario para enfrentar no sólo económicamente, sino también moralmente, este problema, pues como destacó El Heraldo de México en su nota principal el pasado jueves, será el gobierno quien asuma costos como el tratamiento contra el cáncer.

Dicho periódico precisa que “la administración federal se hace cargo de los altos gastos que generan 18 enfermedades y que pegan al patrimonio familiar”, aspecto que, lamentablemente, muchos medios de comunicación no difunden, a pesar de que antes de la aprobación del Insabi se dedicaron a difundir todo lo contrario.

¿Cuál fue el propósito de propagar la idea de que el Insabi iba a perjudicar la economía de las familias más pobres, al grado que seis exsecretarios de salud federales y de la Ciudad de México firmaron una carta aseverando que la iniciativa del presidente López Obrador “anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo”?

En el Senado aprobamos el Insabi parafraseando a los seis exfuncionarios de salud “por encima de prejuicios ideológicos o agendas partidistas, tal como lo exige la complejidad de los retos en materia de salud”.

Atendimos el bien de todos, y ello representa comprometerse por el bien superior de los más pobres y no el negocio supremo de unos cuantos.