En los años 90 el mundo se prometió que la política internacional iba a volverse aburrida. La Guerra Fría había terminado, el mercado se abría, y la interdependencia se vendía como vacuna contra la guerra: si todos dependíamos de todos, nadie se atrevería a romper la vajilla. La OMC, los acuerdos y los paneles eran el nuevo idioma; los conflictos, se decía, se canalizarían por reglas. Era el multilateralismo optimista: comercio como paz, integración como destino.
Ese optimismo tenía una premisa silenciosa: que los grandes jugadores aceptarían límites porque era racional aceptarlos. El siglo XXI se dedicó a erosionarla. La crisis financiera de 2008 mostró que la globalización podía privatizar ganancias y socializar ruinas; la polarización interna en varios países convirtió al “otro” en enemigo interno; la pandemia exhibió la fragilidad de cadenas “eficientes”; y la rivalidad tecnológica convirtió datos, chips y estándares en herramientas de poder. La pregunta dejó de ser eficiencia y pasó a ser vulnerabilidad: ¿qué pasa si alguien decide cortarme la línea?
Ahí nace la geoeconomía: el uso deliberado de instrumentos económicos como palancas estratégicas. Aranceles, sanciones, controles de exportación, restricciones a la inversión, subsidios y estándares técnicos ya no son sólo política comercial; son política de seguridad. El FMI dice “fragmentación geoeconómica”: una reversa, impulsada por políticas y rivalidades, de décadas de integración, con costos en comercio, inversión y crecimiento. La interdependencia no desaparece: se arma, se segmenta y se usa. Esta semana, ese giro dejó de ser teoría y se volvió escena con dos postales que explican la época mejor que cualquier conferencia.
La primera llegó desde Venezuela. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una intervención en territorio venezolano. En los días siguientes, distintos reportes y análisis describieron un hecho extraordinario: la captura de Nicolás Maduro y su traslado fuera del país en una operación específica. Podrá discutirse durante años la legalidad, los precedentes y las consecuencias, pero el mensaje político fue instantáneo: cuando una potencia decide que un objetivo es existencial, la legalidad deja de ser freno y se vuelve disputa posterior.
La segunda postal llegó desde el Ártico y olía a “factura” más que a pólvora. Donald Trump amenazó con imponer aranceles punitivos contra varios aliados europeos como mecanismo de presión para lograr control estadunidense sobre Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Ante esto, la respuesta europea fue una simple frase que retrata el riesgo: una “peligrosa espiral descendente” entre aliados, además de discusiones sobre contramedidas. Según algunos medios, el esquema contemplaba 10% inicial y un posible escalamiento, lo cual convierte la alianza en terreno de negociación forzada.
Una incursión militar y una amenaza arancelaria parecen historias distintas, pero comparten el mismo pulso: la normalización de la coerción. En el guion posGuerra Fría, el multilateralismo suponía que los límites importaban: hay cosas que no se hacen porque destruyen el sistema del que te beneficias. En el guion geoeconómico, la tentación es la contraria: usar el sistema mientras te sirve y torcerlo cuando te estorba. No es que las reglas hayan muerto; es que perdieron su aura de inevitabilidad.
Por eso cambió la pregunta central. Antes, la decisión era: ¿dónde es más barato producir?, ¿cómo accedo a mercados?, ¿qué arancel pago? Hoy la decisión es más oscura: ¿quién puede apagarme la luz? Porque la geoeconomía trata, sobre todo, de control de cuellos de botella: rutas (el Ártico como corredor), energía, minerales críticos, finanzas, tecnología. La obediencia se compra con costos: te cierro el mercado, te corto el chip, te congelo el activo, te encarezco el crédito. El castigo se vuelve cotidiano y la confianza, un lujo.
También cambia la conversación moral. Los países invocan seguridad para justificar barreras; resiliencia para justificar subsidios; valores para justificar sanciones; soberanía para justificar cierres. Y sí: hay motivos reales para reducir dependencias. Pero el efecto no es neutro: reconfigura mapas, encarece procesos y empuja a bloques. El FMI ha estimado costos potenciales de escenarios de reshoring y friend-shoring entre grandes economías. Cuando todo el mundo paga por duplicar cadenas, todos pagan más: en costos, en fricción y en política interna.
Para México, esta mutación no es un debate académico. Es un país que puede convertirse en puente, un “conector” entre bloques, o en terreno de disputa entre ellos. El nearshoring no es fenómeno meteorológico; es decisión política que puede acelerarse o frenarse con aranceles “temporales”, investigaciones “de seguridad nacional” o exigencias de alineamiento regulatorio. El T-MEC, en este clima, deja de ser sólo tratado: es termómetro de la relación y, en momentos críticos, palanca.
Venezuela y Groenlandia, en los primeros días de 2026, dibujan el mismo patrón: el regreso del mapa y el regreso de la presión. Lo verdaderamente inquietante no es que haya tensiones (siempre las hubo), sino que empiece a parecer normal empujar al máximo sin pagar un precio institucional.
En los 90 se suponía que el derecho convertiría la fuerza en excepción. En 2026, la fuerza militar o comercial vuelve a ser método, y el derecho, el idioma para explicar el método. Ese es el fin del optimismo: no el fin de los conflictos, sino el fin de la ilusión de que el conflicto iba a ser civilizado por defecto.