El valor de la transparencia

Por Cecilia Azuara Arai *

En días recientes se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la utilidad de la transparencia en relación con el combate a la corrupción y la pertinencia del organismo garante del derecho de acceso a la información considerando el presupuesto que se le asigna.

Cuando se habla de transparencia, debe partirse de varias premisas: siempre se encuentra en riesgo, no importa cuánto se ha avanzado en ese rubro y es vulnerable porque incomoda a quienes ejercen el poder, en virtud de que hace visible la forma en que éste se ejerce. Por ello, esta discusión no debe pasar desapercibida.

A 16 años de la publicación de la primera ley en la materia, tenemos grandes avances. Un alto volumen de información que hace dos décadas no era posible obtener por vías institucionales, hoy es pública y se encuentra al alcance de la ciudadanía. Así, la transparencia ha convertido en rutina que determinada información se publique en los sitios de internet de las instituciones públicas.

La transparencia propicia una sociedad más y mejor informada. Recordemos que el derecho a la información es también instrumental, pues permite conocer ese y otros derechos y la forma de ejercerlos, iguala condiciones y ha obligado a las instituciones públicas y a sus funcionarios a ordenarse y organizarse de mejor manera, a efecto de estar en posibilidad de mostrarse y rendir cuentas a la sociedad.

Muchas de las denuncias sociales respecto de grandes actos de corrupción en los últimos tiempos han sido posibles gracias a la obtención de información en términos de la normatividad de transparencia. Ya hay historias reales de cómo la transparencia y el derecho de acceso a la información han servido de palanca para obtener beneficios a comunidades o a ciertos sectores de la sociedad.

La transparencia por sí misma no combate a la corrupción, la visibiliza y por ello es una herramienta necesaria para ese fin, pero su sola implementación en modo alguno pretende tener como resultado su combate. Sin embargo, sin transparencia la lucha contra las conductas irregulares o contra la corrupción sistémica sería aún mucho más complicada. La percepción de que la transparencia ha sido inútil parte de la idea equivocada de que basta con que los actos de corrupción se exhiban para que éstos sean combatidos, pero la falla no está en la transparencia, está en la impunidad, falta cerrar la pinza sancionando las malas conductas, claro está, pero creando las condiciones para que el tejido institucional, desde sus mismas bases, deje de facilitar la comisión de conductas indebidas o francamente corruptas. Será entonces cuando se entienda que los actos de corrupción son inadmisibles, tanto que encuentran castigo.

Hay grandes retos por delante, requerimos aún transitar de la transparencia como obligación de las instituciones, a la transparencia como forma de vida pública. Es necesario tener más ejemplos que transformen la vida cotidiana en los municipios, los estados y la federación. El reto no es menor, mucho menos cuando los avances se ven amenazados ante la tentación que diversos gobernantes tienen de no mostrar más que lo indispensable o lo conveniente. Casi a ninguna persona le gusta ser observada, pero tratándose de servidores públicos, en la transparencia encontramos la mejor oportunidad para mejorar servicios, evidenciar actos de corrupción, inhibir conductas irregulares y conocer la forma de su actuación. Esta es la mejor forma de relacionarnos como gobierno y sociedad: la transparencia es una herramienta indispensable para la rendición de cuentas y por ello debemos estar atentos y no bajar la guardia. Entender los alcances y el valor de la transparencia es, en todo caso, el mejor antídoto contra la tentación de ponerla en riesgo.

* Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE