Agua y desigualdad

Por Arturo Ávila Anaya

Es necesario fomentar el piso parejo para todas las personas. Que todos cuenten con las mismas oportunidades es una condición necesaria para reducir la brecha de desigualdad del país, sin embargo, es difícil alcanzar esta condición cuando alguno de los tres niveles de gobierno que otorga los servicios no los brinda a toda la población o no son de calidad.

Revisé varias notas en la semana sobre el tema del agua. Una menciona el desabasto en una colonia que lleva ya varios días; otra, donde los vecinos abren la llave y en vez de salir agua sale aire al tiempo que el medidor avanza; una más señala a México como uno de los principales lugares donde se consume agua embotellada, ya que los gobiernos no han sido capaces de garantizar el acceso al recurso.

Al hacer la comparativa de los estados que tienen un mayor porcentaje de acceso al agua entubada en sus viviendas, existen diferencias importantes. En la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, el porcentaje de estas viviendas es superior al 98%. En comparación, las entidades de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, arriba del 12% de la población tiene que acarrear agua para llevarla a su vivienda. Si bien las cifras son brutas y permiten una comparación para resaltar que hay entidades que requieren de mayor atención, también enmascaran desigualdades dentro de los estados, porque hay zonas donde el suministro es constante, comparadas con otras, donde casi nunca llega.

En estas entidades, también se concentra la mayor cantidad de pobreza del país, por lo que es necesario tomar cartas en el asunto. Y quiero aclarar que no se trata de regalar el agua a la gente, sino de tener tarifas justas que les permitan pagarla. Tener una tarifa que no esté desvinculada de las condiciones sociales de la gente. El caso del agua es particularmente importante no sólo porque sea un derecho, sino porque también permite y mantiene la dignidad de todos los seres humanos. Lamentablemente, en algunos estados y ciudades los gobiernos han fallado en responsabilizarse de brindar el servicio. Muchos de ellos concesionan los servicios a empresas privadas para que se hagan cargo de ellos, evadiendo su responsabilidad. Al respecto, hay una iniciativa en el Senado que busca eliminar la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales y que el Estado –en sus tres niveles de gobierno–, sea quien garantice el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y asequible. A grandes rasgos, que el Estado recupere el control de los recursos, y que tenga una mayor intervención en las decisiones con respecto al vital líquido. De momento la iniciativa se encuentra pendiente, pero habrá que darle seguimiento.

No se trata de estar en contra de las concesiones, aunque dentro de éstas es común la corrupción. Lo que debe de existir es la transparencia y el compromiso social de parte de las empresas, que no se tomen las decisiones exclusivamente a partir del margen de ganancia que obtendrán y que haya un verdadero compromiso de invertir, modernizar y ampliar la infraestructura. Al final, si se garantizan el servicio a todas las zonas y la tarifa es justa, la gente lo retribuye, con un consumo más responsable pagando a tiempo. Como señala la agenda 2030 de Naciones Unidas, que nadie se quede atrás.