Por una Fiscalía que sirva… también en los estados

Por Jesús Sesma Suárez

Todos estamos de acuerdo en que el fortalecimiento de las instituciones es un proceso permanente y necesario en todo sistema democrático, por lo que estoy seguro de que el actual sexenio pasará a la historia como uno de los que más impulsó dicho fortalecimiento.

Uno de los sectores que se han visto más beneficiados por estos cambios es la procuración de justicia mediante la creación de la Fiscalía General de la República, como un órgano verdaderamente autónomo. Este cambio, además, atendió uno de los reclamos más sentidos y constantes de las y los mexicanos.

No obstante este gran logro, a últimas fechas se ha generado un debate en torno a la persona que debe estar al frente de la Fiscalía General, lo cual se entiende, pues también tiene que ver con modernizar y democratizar a la propia institución. De esta manera, muchas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado, entre otras cosas, por modificar la Constitución para que el nuevo fiscal general sea un personaje independiente del gobierno federal.

En el Partido Verde así lo hemos entendido y por eso acompañamos esta propuesta que ya se presentó en la Cámara de Diputados, tal como ya lo había hecho el Presidente de la República ante el Senado.

Sin embargo, algunos partidos encabezados por el PAN se han querido apropiar de este legítimo reclamo social, amenazando y señalando lo que según ellos ocurre en el gobierno federal, pero, al mismo tiempo, haciéndose de la vista gorda de lo que sí pasa en las entidades federativas que gobiernan.

Esto es sumamente grave, pues revela una falta de ética en su actuar y para ello basta simplemente echar un vistazo a lo que sucede en dichas entidades. Por ejemplo, el ahora fiscal de Puebla, anteriormente fue el procurador de Justicia del exgobernador Rafael Moreno Valle; en Guanajuato, el gobernador pretende el pase automático de su actual procurador a fiscal de Justicia del estado; y el actual fiscal de Tamaulipas es conocido como una persona de confianza del actual gobernador, además de haber trabajado para los expresidentes panistas Fox y Calderón.

También están los casos de Jorge Winckler en Veracruz, cercano al gobernador Miguel Ángel Yunes; César Augusto Peniche en Chihuahua, propuesto por el gobernador Javier Corral; e Irving Barrios Mojica en Tamaulipas, promovido por el también actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Por eso, si el PAN y los partidos que lo siguen quieren de verdad fortalecer a las instituciones, más allá de aprovecharse del momento y las luchas sociales, en una muestra de congruencia, deben promover no sólo la remoción de sus cargos de todos estos personajes, sino también la modificación de las constituciones y las leyes locales para cerrarles el paso a lo que ellos mismos han denominado los “fiscales carnales”.

Es verdad que se necesita un fiscal general autónomo e independiente para el país, pero no es menos cierto que también se requieren fiscalías de Justicia con esas mismas características a nivel estatal. Dejar este asunto de lado es una falta de respeto y un engaño a los ciudadanos; pareciera que lo que en verdad quieren es mantenerse a salvo de futuras acusaciones de corrupción y en la total impunidad.

Si la lucha del PAN y sus aliados es legítima y de verdad quieren apoyar a la sociedad civil, no pueden seguir con esta doble moral y deben luchar por una Fiscalía que sirva, pero también en los estados de la República, principalmente en los que ahora gobiernan.

Ya mantuvieron en una verdadera crisis sin precedente a la Cámara de Diputados y para destrabarla exigieron la eliminación del llamado “pase automático”, por eso ahora es tiempo de que ellos también den una muestra clara y tangible en contra de la corrupción y en favor de la transparencia destituyendo a sus propios fiscales estatales “a modo” que ya tienen y evitando que esto siga ocurriendo en el futuro en las entidades federativas que gobiernan.

*Coordinador del GP del PVEM en la Cámara de Diputados.