El servidor público que quiera seguridad que la pague

Por Jesús Sesma Suárez *

Cada vez es más común saber de los excesos en los que caen servidores públicos de alto nivel, tanto de la Federación como de los Estados, utilizando artículos de lujo para cuestiones personales y de trabajo o haciendo uso de sus subordinados para cuestiones que nada tienen que ver con el servicio público.

En todos los ámbitos se comentan los abusos y el autoritarismo con el que algunos se conducen en el desempeño de sus labores y hasta en su vida privada. Por eso la gente está harta de la insensibilidad de sus gobernantes, sobre todo en esta época en que la situación económica nacional e internacional se encuentra tan inestable.

Ante esta realidad, nadie puede negar que es necesario que dichos funcionarios públicos dejen de contar con privilegios que dañan al ya deteriorado erario, por un lado, y que además provocan que los escasos recursos públicos se distraigan y dejen desprotegidas distintas actividades de suma importancia para la sociedad, como la seguridad pública.

De manera concreta me quiero referir a la gran cantidad de policías federales o locales y a los miembros de las Fuerzas Armadas que están siendo utilizados como escoltas personales de miembros de los gabinetes federal, estatales y hasta municipales, así como de miembros de sus familias.

Entendemos perfectamente que, derivado de la naturaleza de las funciones que desarrollan algunos de esos servidores públicos, deben contar con ese tipo de apoyos, como es el caso del Presidente de la República, los gobernadores y los encargados de algunas dependencias federales (como el procurador General de la República, el comisionado Nacional de Seguridad Pública y los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina); o  estatales (como los titulares de las fiscalías generales y de los cuerpos policiacos). Pero fuera de estos casos excepcionales, ningún otro servidor público debe contar con dichos privilegios.

Por ello es que el día de hoy presentaremos una propuesta para acabar con esos privilegios, en beneficio de la gente y con el objetivo de generar ahorros en el gobierno, de tal manera que los elementos de los cuerpos de seguridad se dediquen a las cosas para las que se les paga, es decir, para proteger y servir a la ciudadanía y no para brindar seguridad a sólo unos cuantos.

En la Ciudad de México, por ejemplo, en zonas como Polanco, se reúne en restaurantes, bares y cafeterías una gran cantidad de políticos nacionales (y extranjeros) y prácticamente en todos los casos se puede ver una sobreexposición de escoltas en autos de lujo al servicio particular de estos personajes. Y lo peor de todo es que la mayoría de estos escoltas son policías, soldados o marinos que cobran del erario.

Estoy seguro que esta Legislatura será permanentemente comparada tanto con la anterior como con la que sigue y creo que no saldremos muy bien parados. La anterior es reconocida por haber sido muy productiva y haber sacado adelante las grandes reformas que este país necesitaba; la que sigue jugará un papel muy importante porque tendrá que responder a una situación política compleja y diferente, tanto en lo interno, como en lo externo.

Lamentablemente, creo que esta Legislatura puede ser recordada de manera muy negativa si no comenzamos a darle a la gente todo aquello que la haga sentirse más segura y con mejores gobernantes.

Los invito a que seamos conscientes de esta triste realidad en la que los recortes presupuestales y los problemas económicos están presentes de manera permanente y aprobemos iniciativas como ésta que ahora pongo a su consideración.

Pero no sólo ésta. También tenemos pendiente la aprobación del Mando Único policial y la ley de seguridad interior, que, por cierto, no hemos podido aprobar por falta de voluntad política y creo que también por falta de sensibilidad social.

Por todo ello insisto en que todos aquellos servidores públicos que quieran seguridad que la paguen de su bolsillo.

                * Coordinador del GP del PVEM     en la Cámara de Diputados.