Ganan refresqueras, pierde la salud

por Fernanda Alonso Aranda*

Hace menos de un mes, en un artículo en el New York Times se elogiaba a México por el impuesto a las bebidas azucaradas, una medida pionera adoptada por el gobierno mexicano el año pasado, después de un decenio de lucha entre las autoridades y la industria refresquera.

La idea del gravamen a los refrescos sigue el modelo de los impuestos sobre el tabaco que aprobaron por igual los estados y el gobierno federal en los últimos sexenios. Esos impuestos no sólo sirven para aumentar los ingresos, sino también para disuadir a la gente de comprar cigarros. Hay numerosos estudios que demuestran que precios más altos reducen las ventas de cigarros, especialmente entre los más jóvenes. Estas tasas tienen repercusiones “educativas” en los consumidores, pues son una manera de que el gobierno le deje claro a la gente que consumir ciertos productos—en este caso los refrescos—daña su salud. El impuesto a bebidas azucaradas era una propuesta inédita: ningún país o región en el mundo había gravado los refrescos de manera similar a como se proponía en México. Sus defensores señalaban que reducir el consumo de azúcar disminuiría la obesidad en la población. Sus detractores argumentaban que el impuesto sería inútil: consideraban que los refrescos, arraigados entre los mexicanos, eran bienes de demanda elástica.

Pese a las objeciones de la industria, la iniciativa contó con suficiente respaldo legislativo y se impuso el impuesto de un peso a bebidas azucaradas. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad de Carolina del Norte para conocer el alcance del impuesto confirmó que el gravamen a bebidas azucaradas disminuyó hasta 12% el consumo en el 2014 y aumentó en 4% las compras de bebidas sin impuesto, sobre todo de agua natural. La reducción en compras se observó en todos los grupos socioeconómicos, pero fue mayor en el estrato más bajo, en donde hubo una reducción promedio de 9% y llegó hasta 17% en diciembre pasado. Así es cómo este impuesto cumplió exactamente con su objetivo.

Resulta sorprendente que el lunes 19 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados haya aprobado una reducción de 50% en este impuesto en el dictamen de la Miscelánea Fiscal 2016. Reconsiderar este impuesto no fue un asunto de salud pública. Según algunas fuentes, México consume más refrescos que cualquier otro país en el mundo, con un promedio de 163 litros per cápita anual.

Las enfermedades relacionadas con el consumo de refrescos, como la diabetes y problemas cardiovasculares, llevan a la muerte a 38% de los mexicanos. Nuestro país tiene una de las peores tasas de obesidad en el mundo con casi tres de cada cuatro adultos, así como 30% de niños en edad escolar con sobrepeso. Más de 9% de los adultos mexicanos han sido diagnosticados con diabetes tipo 2, número que sube hasta 19% para mayores de 50. Por lo tanto, cualquier medida que aumente el consumo de estas bebidas resultaría ilógico, por no decir dañino.

La reducción al impuesto tampoco tiene una explicación económica.

En México, la diabetes tiene un alto costo para el sector salud y el bolsillo de quienes la padecen. Cada año, la diabetes absorbe 85 mil millones de pesos en costos sociales como tratamiento médico, ausentismo laboral y pérdidas de ingreso por mortalidad prematura.

El Sistema Nacional de Salud destina 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en la atención de pacientes con diabetes. Según datos de 2012, la atención a la diabetes le cuesta al IMSS 32 mil millones de pesos al año, alrededor de 87 millones de pesos diarios. Con la reducción del gravamen, también disminuirá la recaudación. De acuerdo con los cálculos más recientes, reducirlo supone una pérdida de más de 500 millones de pesos en la recaudación fiscal, de un total de 21 mil 62.4 millones de pesos que proponía el Ejecutivo. En el primer cuatrimestre de 2015, la Secretaría de Hacienda había recaudado alrededor de ocho mil millones de pesos, lo que refleja un incremento de tres mil millones de pesos, con respecto del mismo periodo de 2014.

El cambio que impulsaron las bancadas del PAN y del PRI no tiene explicación creíble en los ámbitos de la salud y de las finanzas públicas. Va en contra de la lógica que los legisladores modifiquen medidas que han sido positivas y exitosas. No queda más que pensar que la industria refresquera, con la connivencia de los legisladores, ha sido capaz de imponer sus intereses en detrimento de medidas que procuran el bien común. Para las empresas de este sector, la medida representó una disminución de 15% en las ventas de los productos gravados. Lo más grave es que los diputados hayan cedido a la presión. El mensaje que envían a la ciudadanía es que les importa más representar los intereses económicos de las refresqueras que la salud de la población más vulnerable de nuestro país. En este país al revés los diputados no sólo no aprueban medidas necesarias, sino que destruyen las pocas que han sido exitosas.

*Maestra en derecho y salud por la Universidad de Georgetown.