Espionaje, una violación a la soberanía de los mexicanos

por Gabriela Cuevas*

¿Alguien podría imaginar cómo reaccionaría Estados Unidos si descubre que su Presidente y la Casa Blanca son espiados por el gobierno mexicano a través del Cisen? No se necesita ser adivino para asegurar que armaría un escándalo de grandes proporciones. Su reacción sería muy distinta a la del gobierno mexicano.

Pero el hubiera no existe. Lo que sí existe es una clara violación a los derechos humanos y a la intimidad de los mexicanos, porque según las revelaciones hechas por Edward Snowden, se confirma lo que ya sospechábamos: que hemos sido objeto de espionaje por parte del país vecino.

De acuerdo con estas filtraciones, en 2010, el gobierno estadunidense invadió los sistemas de comunicación del presidente de la República, Felipe Calderón, y dos años más tarde, del entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña. En ambos casos interceptó sus cuentas de correos y las de sus más cercanos colaboradores. 

Las acciones de espionaje, sin importar a quién vayan dirigidas, son condenables, inaceptables y jurídicamente sancionables, pues violan el derecho fundamental a la vida privada e intimidad de las personas, y esto resulta más grave cuando se compromete información que podría afectar los intereses de una nación.

Este tema no sólo debe ser motivo de preocupación de políticos y funcionarios, sino de la población en general, pues está visto que las comunicaciones de cualquier ciudadano pueden ser intervenidas, sobre todo en el uso de internet y las redes sociales. En México, de acuerdo con nuestro marco legal, la intervención de comunicaciones sólo puede autorizarla un juez, de otra manera constituye un delito.

Después de que el tema cobró una relevancia inusitada y que se encontraron nuevos elementos que detallan la manera burda en qué fuimos espiados, el gobierno de México, a través de la cancillería, elevó una enérgica protesta, a la cual nos sumamos. Eso era justamente lo que esperábamos: que nuestro gobierno endureciera su postura ante la presunta comisión de estos actos a todas luces condenables.

Hasta el momento no hemos observado una respuesta satisfactoria por parte de Washington ante las condenas expresadas por la cancillería mexicana. Es más, no sabemos si las agencias de seguridad de EU nos siguen y seguirán espiando, pues no vemos un compromiso público de su parte, sólo la justificación de que se trata de “estrategias de inteligencia” sobre temas de seguridad y terrorismo.

El gobierno debe ser más claro y contundente, debe darle seguimiento al caso para que no quede en una simple condena del lado mexicano y sólo una justificación de parte del gobierno estadunidense, sino que realmente haya una suspensión inmediata y definitiva de estos actos, así como el castigo a los responsables de contribuir en estos hechos. Coincido en que frente a la violación de la norma no caben explicaciones, sino investigación oportuna y transparente, deslinde de responsabilidades y medidas correctivas expeditas.

El tema ha cobrado tales dimensiones que el lunes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó este tema y el riesgo que representa el espionaje para la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos. De hecho, un experto de la Unión Estadunidense de Libertades, expresó que “si cada país se implicara en un espionaje tan ilimitado como el de la NSA, pronto viviríamos en un mundo en el que no habría refugio para los disidentes, periodistas o defensores de derechos humanos”.

Ningún país merece ser espiado por Estados Unidos. Esto ha sido denunciado categóricamente por Brasil, Francia y Alemania. Los mexicanos no podemos aceptar como señal de resignación que “ese país espía a todo mundo”.

En el Senado hemos propuesto que el gobierno mexicano impulse un instrumento internacional para prohibir estas acciones ilegales y, por lo pronto, demandamos que el gobierno de EU cese inmediatamente dichas maniobras.

*Senadora por el PAN