'Vivos se fueron, vivos los queremos de regreso'

¿Qué pasa en Chiapas? Hoy la entidad del sur del país está sumida en una profunda crisis de seguridad que amenaza con desgarrar de nueva cuenta el tejido social, como ocurrió en 1994, sólo que, a diferencia de ese año, en el que el protagonista fue un grupo de indígenas insurrectos comandados por el autonombrado subcomandante Marcos y líder del EZLN, hoy son cárteles del narcotráfico los que enarbolan la nueva amenaza.

Similar a lo ocurrido en 1994, cuando mi padre, el Gral. Miguel Ángel Godínez Bravo, comandante de la VII Región Militar, informó a detalle al presidente Carlos Salinas y al secretario de la Defensa, Gral. Antonio Riviello, de la situación en Chiapas y la detección de un grupo guerrillero, tanto el mandatario como el titular de la Sedena le restaron importancia; meses después, estalló el conflicto armado.

De nueva cuenta, la VII R.M. informó al Presidente que Chiapas vive una situación de violencia, provocada por los cárteles del narcotráfico, los cuales operan en toda la región. Y de nueva cuenta, como en 1994, la información fue minimizada, hasta hace apenas unos días cuando se evidenció la nueva crisis.

Esta vez, un grupo armado detuvo un autobús de la SSPC de Ocozocoautla y levantó a 16 funcionarios, mismos que continúan desaparecidos. Pese a que no se ha identificado a ningún grupo responsable, han aparecido algunos videos y mensajes en los que se exige la liberación de una mujer de nombre Nayeli Cyrene Cinco Martínez, secuestrada la tarde del jueves 22 por otro grupo de hombres armados en el fraccionamiento Santa Clara, al norte de Tuxtla Gutiérrez.

Los secuestradores de los 16 empleados responsabilizan de esa acción al Cártel de Las Pulseras y acusan a varios jefes de la SSPC de brindar protección al líder de éste, el Güero Pulseras, así como al Cártel de Sinaloa.

Las manifestaciones de apoyo a los 16 secuestrados se han multiplicado, obligando al presidente López Obrador a dar una respuesta, pero sólo amagó a los responsables con acusarlos con “sus papás y abuelitos” en caso de no liberarlos.

Este inusitado secuestro evidencia la inacción del gobierno local y esto lastima, no sólo para los familiares de las víctimas, sino también para quienes ofrendan su vida por el país, soldados, guardias nacionales y policías.

Los cárteles están fuera de control, no sólo en Chiapas, sino también en otras entidades, como Guanajuato, donde, incluso, fenómenos como los coches bomba, conocidos en el contexto del terrorismo y al estilo de lo vivido en Colombia, han comenzado a emerger. El más reciente ocurrió este miércoles en Celaya, frente a las instalaciones de la Guardia Nacional donde hubo un saldo de 10 elementos lesionados.

En Michoacán también ya se trasciende de lo convencional y se utilizan minas antipersonales. Las organizaciones criminales han acumulado un poder desmesurado. La escalada de violencia ya es alarmante. Ayer, el líder de autodefensas, Hipólito Mora, fue abatido por sicarios y estos actos evidencian un nivel de sofisticación y brutalidad que no se había visto antes en el país.

Las autoridades deben tomar acciones inmediatas y contundentes para prevenir y combatir la violencia, así como las manifestaciones de terrorismo, que representan una clara amenaza para la seguridad nacional.

Tal parece que los cárteles desafían al Estado, y es ridículo amagarlos sólo con dichos. Si bien la violencia no se debe combatir con más violencia, el gobierno no debe renunciar a lo que es su obligación.

Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen acciones concretas para restaurar la paz y la seguridad en el país. Ceder el monopolio de la fuerza es una muestra de que el Estado se encuentra debilitado y que es incapaz de hacer frente a la situación.

DE IMAGINARIA

Familiares de los militares detenidos por el caso Ayotzinapa se manifestaron y exigieron: “Vivos se fueron, vivos los queremos de regreso”.