El miércoles, el Senado aprobó una reforma a la Ley de Inversión Extranjera y envió la minuta a San Lázaro donde seguramente también se aprobará. En ésta se incorpora a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) a los titulares de las secretarías de la Defensa, general Ricardo Trevilla; de Marina, almirante Raymundo Morales; de SSPC, Omar García Harfuch y a José Antonio Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital, todos con voz y voto.
El esquema contempla revisar determinadas operaciones en las que inversionistas extranjeros pretendan adquirir más de 49% de empresas mexicanas de sectores considerados estratégicos, entre otros, de infraestructura crítica y energía hasta sistemas digitales, tecnologías sensibles y sectores que pueden tener implicaciones para la seguridad nacional.
En el caso de la Defensa, el general Trevilla no sólo tendría que saber quién compra y cuánto compra, sino además contribuir a determinar qué riesgo representa esa adquisición para la seguridad del país. Para ello requerirá de un servicio de inteligencia, pero no en el sentido de seguir a un grupo criminal o identificar una amenaza armada, sino financiera, tecnológica, cibernética, económica y geopolítica. Es decir, necesitará conocer quién está detrás de una empresa, quiénes son sus beneficiarios finales, con qué gobiernos tiene vínculos, qué tecnología pretende controlar, qué información podría obtener y qué infraestructura estratégica podría terminar bajo su control.
La reforma no establece una nueva dirección especializada dentro del Ejército para revisar inversiones extranjeras. Tampoco convierte formalmente a alguna unidad de inteligencia militar en una oficina de análisis de capitales extranjeros. Cuando la reforma entre en vigor, el titular de la Defensa habrá de construir esa capacidad institucional, y no es un asunto menor, porque una cosa es que él participe en la CNIE y vote en un asunto de seguridad nacional, y otra que tenga detrás una estructura capaz de entregar información técnica y confiable para tomar esa decisión.
La reforma incorporaría a otras instituciones que pueden aportar información importante, como la FGR, el CNI, el SAT y la UIF, que participarían en los asuntos de seguridad nacional con voz, pero sin voto. En tal sentido, lo que parece pretender esta reforma es experimentar con un modelo de inteligencia compartida. La Defensa podría aportar la visión estratégica y de seguridad; Marina, la relacionada con infraestructura marítima y logística; SSPC, información sobre riesgos criminales; Hacienda, SAT y UIF, la trazabilidad financiera; CNI, inteligencia estratégica; y la ATD, el análisis tecnológico. Así tendría sentido, aunque no cargarle al Ejército, a la Armada y a la SSPC una responsabilidad adicional sin darles estructura, personal especializado, presupuesto y reglas claras para ejercerla.
* El diario The New York Times publicó que dos agencias estadunidenses revisan acusaciones sobre posibles vínculos de Andy López Beltrán con el crimen organizado y el huachicol. Al mismo tiempo, su amigo y socio, Amílcar Olán, fue ubicado en Suiza por TV Azteca. La televisora recibió la información de alguien que lleva muy de cerca el caso del contrabando de combustible.
Se menciona a gente de Omar García Harfuch, quien tiene un gran interés por desmantelar esta red que involucra no sólo al hijo del expresidente y a su amigo Amílcar Olán, sino a los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda; al senador Adán Augusto López; al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; a otros políticos y empresarios ligados al CJNG, que hace seis años perpetró un atentado en su contra.
Lo paradójico es que a la FGR no le interesa la indagatoria. Es la justicia de EU la que al parecer, ya cuenta con pruebas suficientes. La filtración al NYT es el preludio de lo que se viene. Así suele operar la justicia estadunidense, que en las últimas semanas ha endurecido sus acciones en contra de narcopolíticos, como lo que hizo apenas el Departamento del Tesoro, al sancionar a 21 narcotraficantes y funcionarios corruptos, además de 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa en BC. Entre ellos, Ismael Zambada Sicairos y Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar.
DE IMAGINARIA
¿Qué oculta el general retirado Audomaro Martínez, exdirector general del CNI? Antes de irse, reservó por cinco años su declaración patrimonial con el argumento de que hacerla pública pone en riesgo la seguridad nacional.