¡Sí es terrorismo!

El pasado lunes, varios soldados del Ejército mexicano murieron cuando intentaban desactivar unas minas terrestres plantadas por Cárteles Unidos en la localidad de Paredes del Ahogado, municipio de Buenavista, Michoacán, y otros más por las bombas soltadas por drones ...

El pasado lunes, varios soldados del Ejército mexicano murieron cuando intentaban desactivar unas minas terrestres plantadas por Cárteles Unidos en la localidad de Paredes del Ahogado, municipio de Buenavista, Michoacán, y otros más por las bombas soltadas por drones manipulados por el CJNG. Lo ocurrido es una muestra de la sofisticación e impunidad que han alcanzado los grupos criminales en el país. Éste no es un caso aislado: estados como Guerrero, Sinaloa, Guanajuato y Zacatecas también han registrado víctimas por estos artefactos explosivos. En estas entidades, los territorios controlados por el crimen organizado son verdaderas zonas de guerra, donde la vida de cualquiera que intente atravesarlos pende de un hilo, sea por minas o por las balas de sicarios.

El personal militar, que lleva a cabo tareas de seguridad, detección y desactivación de explosivos, enfrenta un entorno hostil, donde los grupos criminales han desplegado estrategias propias de conflictos armados. En el caso de Michoacán, se atribuye la colocación de minas terrestres al Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras. Estos grupos han llevado la violencia a niveles extremos, empleando tecnologías como drones con explosivos, coches bomba y tácticas de terror para consolidar su dominio territorial.

El uso de minas terrestres por parte de organizaciones criminales obliga a plantear una pregunta incómoda, pero urgente: ¿hasta cuándo el gobierno federal aceptará que este tipo de acciones son terrorismo? Desde el sexenio pasado, caracterizado por la polémica estrategia de “abrazos, no balazos”, y ahora bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el gobierno de la 4T ha evitado clasificar estas acciones como terrorismo, pese a que cumplen con los elementos esenciales: la generación de miedo y el control poblacional a través de la violencia indiscriminada. ¿Cómo pueden definirse, entonces, los coches bomba, las minas terrestres, los drones explosivos o las masacres cometidas a plena luz del día?

Al interior de las Fuerzas Armadas crece la inconformidad. Existe la percepción de que las tropas cuentan con la capacidad logística, material y tecnológica para enfrentar y desmantelar estas amenazas, pero también la sensación de que el gobierno federal teme una escalada que podría involucrar a actores internacionales. La posibilidad de que EU clasifique a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, como lo propuso Donald Trump en su momento, genera tensión en los ámbitos diplomáticos y de seguridad nacional.

El gobierno de Sheinbaum enfrenta, pues, un dilema: reconocer la verdadera naturaleza del problema y asumir las consecuencias políticas o seguir minimizando los hechos bajo una narrativa que prioriza la imagen del gobierno sobre la seguridad interna. Mientras tanto, los soldados siguen arriesgando sus vidas en una lucha desigual frente a los cárteles, y la población civil queda atrapada entre el miedo y la desolación.

La discusión sobre la definición de terrorismo en el contexto mexicano no es sólo semántica, sino una decisión política con implicaciones profundas. Reconocerlo como tal podría abrir la puerta a una cooperación internacional más activa, pero también podría comprometer la soberanía nacional. En cualquier caso, la negación ya no es una opción válida, porque las minas, los drones y los coches bomba no sólo amenazan a las Fuerzas Armadas, sino también a la propia gobernabilidad del país.

La estrategia implementada por Omar García Harfuch, si bien ha dado golpes certeros a grupos criminales, falta mucho por hacer, pero ha sido suficiente para provocar una reacción en contra del propio secretario y de las Fuerzas Armadas. El reciente ataque dirigido al equipo de García Harfuch en Sinaloa, que cobró la vida del agente Halexy Guadalupe, representa una clara advertencia y, a su vez, una provocación directa al Estado y a García Harfuch. Ya sabe que el autor intelectual es Alfredo Beltrán Guzmán, El Mochomito, cuya cabeza tiene precio en EU, ¿irá por él?

DE IMAGINARIA

El general Ricardo Trevilla habló fuerte y claro a los soldados del Ejército. “No vayan a andar malandreando, metiéndose con la maña. Ustedes informen, directa o indirectamente, algún anónimo, porque esos son traidores que están exponiendo la vida de ustedes por unos miserables pesos que les da la delincuencia”.

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