La estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a mostrar resultados, al menos en las cifras oficiales. La reducción de 49% en homicidios dolosos reportada por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, representa uno de los principales argumentos para sostener que la política de abrazos, no balazos cambió de rumbo y dejó atrás la improvisación.
No se trata sólo de estadísticas. Más de 54 mil detenidos por delitos de alto impacto, casi 30 mil armas aseguradas, 400 toneladas de droga decomisadas y más de 2 mil 400 laboratorios clandestinos desmantelados. Estas cifras revelan una ofensiva contra las estructuras criminales. Pero detrás de esos números hay actores que se confirman como piezas centrales: el Ejército mexicano, la Marina y la GN.
Aunque el discurso oficial habla de inteligencia, investigación y coordinación institucional, la realidad es que buena parte de las operaciones territoriales, capturas prioritarias y decomisos han sido posibles gracias al despliegue permanente las FA. Su participación no sólo ha contenido regiones enteras dominadas por el crimen organizado, sino que ha fortalecido la capacidad operativa del gobierno federal frente a organizaciones cada vez más violentas y mejor armadas.
Sin embargo, los avances internos contrastan con la creciente presión de EU. Washington ya no observa al narcotráfico sólo como un problema de seguridad pública, sino como una amenaza de seguridad nacional. Las declaraciones del secretario de Guerra estadunidense, Pete Hegseth, al equiparar a los cárteles con grupos terroristas como ISIS o Al-Qaeda, marcan un punto delicado en la relación bilateral.
En ese contexto, la cooperación en seguridad deja de ser opcional. La entrega de objetivos prioritarios, el combate al tráfico de armas y la participación de la UIF en el congelamiento de recursos son señales de que México busca evitar escenarios de tensión mayor con su vecino del norte.
Sin embargo, el tema de Rubén Rocha Moya y los otros señalados por la justicia estadunidense, incluido el senador Enrique Inzunza, mantiene en entredicho esa cooperación. El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin amagó que de no ser entregados habría mayores repercusiones para México.
Ahora legisladores de EU buscan catalogar el huachicol fiscal como un asunto de seguridad nacional y la cosa va en serio. Hace unos días, las oficinas de la empresa petrolera Ikon Midstream, fueron allanadas por autoridades estadunidenses tras vincularla con el CJNG, de ahí el interés de que el contralmirante Fernando Farías sea extraditado a ese país para que responda por corrupción y huachicol y para conocer las redes de protección de los involucrados, entre los que se encuentran el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, el propio expresidente López Obrador y su hijo Andrés López Beltrán, quien, por cierto, dejó el cargo de secretario de Organización para buscar una diputación federal por Tabasco. ¿Será el diputado de la Barredora? Veremos el alcance que tendrán las declaraciones de Ariadna Montiel, de que ningún morenista vinculado con el crimen organizado será candidato, en el mismo caso está Andrea Chávez, que buscará la gubernatura de Chihuahua, y que también pesa sobre ella el respaldo de Adán Augusto López y La Barredora.
* La presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua terminó por convertirse en una rabiosa ofensiva política contra la gobernadora Maru Campos. Aunque Omar García Harfuch escuchó directamente la versión de la mandataria, quien aseguró desconocer la presencia de agentes de EU en ese operativo, la reacción de Morena y el gobierno federal ha sido desproporcionada. Ya la FGR le giró citatorios disfrazados de “invitación” como testigo, mientras diputados morenistas impulsan un juicio político. Ahora resurge la denuncia por secuestro, promovida por Javier Corral, en la FGJ de la CDMX, aun cuando este asunto ya había prescrito. El senador de Morena cuenta con un señalamiento por presunto peculado de más de 68 millones de pesos, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Su confrontación política con Maru Campos es desde hace años y la narrativa de la “defensa de la soberanía” parece más un instrumento de presión política que un verdadero principio de Estado.
DE IMAGINARIA
La Secretaría de la Defensa realizará cambios en la estructura militar de Baja California. El general de División Vicente Pérez López dejará el mando de la Segunda Región Militar.