¿Quién defiende al Ejército mexicano?

Nuevamente, la participación del Ejército mexicano en tareas de seguridad pública está en el ojo del huracán. La muerte de cinco jóvenes, ocurrida el pasado 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha puesto en la mesa de debate la conveniencia o no de seguir manteniendo a las Fuerzas Armadas en las calles para realizar tareas distintas a las que están obligadas constitucionalmente. 

Si bien el artículo 21 de nuestra Carta Magna define a la seguridad pública como una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, no establece que sea el Ejército el que la realice. 

El mismo precepto define que son las instituciones de carácter civil, incluyendo la GN, las que deben encargarse de ello en coordinación con el MP, llámese FGR o fiscalías de los estados, junto con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno. 

Hoy, el EM enfrenta un linchamiento social. Es atacado y denostado mediática y físicamente, no sólo por los cárteles del narcotráfico y por pobladores que los protegen, tal y como se aprecia en los videos que circulan en las redes sociales, sino también enfrentan el embate de las propias autoridades civiles, de legisladores y medios de comunicación. 

El Ejército, hay que decirlo, está solo contra todos, no cuenta siquiera con el respaldo de su comandante supremo, a pesar de que fue éste quien, mediante un acuerdo avalado por las dos cámaras del Congreso y por la Suprema Corte, ordenó su permanencia en las calles hasta 2024, haciendo, claro, funciones de policía, ante la inoperancia y conveniencia de gobernadores, que voltean la cara hacia los soldados para desatenderse de invertir en sus cuerpos policiacos. 

La Sedena aceptó que sus elementos dispararon en contra de los jóvenes, incluso ya abrió un proceso penal a cuatro de ellos por desobediencia y desacato a la ley. Falta determinar la verdadera causa, no obstante, organismos de derechos humanos, algunos de ellos creados y financiados por los propios cárteles, exigen un castigo ejemplar a los militares y que el Ejército se arrodille pidiendo perdón ¿Y qué hay del Ejecutivo, el Congreso y la SCJN? A caso ellos no son también responsables? Saben perfectamente que las FA tienen un adiestramiento distinto al de las policías civiles.

Un soldado se adiestra para cumplir de manera efectiva las misiones encomendadas, disparar y abatir, incluso a un objetivo en acciones de guerra, a diferencia de un policía, que se entrena para persuadir y en el último de los casos a disparar, pero bajo otro concepto del uso de la fuerza. La reacción de los militares pasa también por el estrés permanente al que son sometidos en los entrenamientos, muchas de las veces sin dormir y mal alimentados. 

¿Quién defiende al Ejército? Para los soldados no hay derechos. Aún sin ser declarados culpables son enjuiciados y exhibidos, quedando expuestos al escarnio, a diferencia de los abatidos, que nadie asegura sean todos inocentes. Uno de ellos portaba casco tipo militar y otro presumía antes de morir, armas de grueso calibre y ser comandante de un grupo de sicarios. 

A los delincuentes les causa molestia. El Ejército les sigue dando golpes certeros. En Sinaloa destruyó el más grande plantío de amapola, 6.5 hectáreas, que habría servido para la elaboración de toneladas de cocaína mientras que la Marina desmanteló 18 laboratorios clandestinos y otros 60 plantíos de amapola y mariguana.

DE IMAGINARIA

Urge que el gobierno de México se responsabilice de hacer a un lado los abrazos y combatir verdaderamente a los cárteles del narcotráfico. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que México puede hacer mucho más para combatir el tráfico de fentanilo y no descartó la idea de clasificarlos como grupos terroristas, lo que traería un gran costo para el país.