A unos días de cerrar 2025, vuelve a circular el rumor de ajustes en el gabinete presidencial. Entre ellos, la salida de Omar García Harfuch de la SSPC para enviarlo a Gobernación. De concretarse, no sería un simple enroque administrativo, sino un error estratégico de alto costo para la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo frente a Washington, que no deja de presionar. Para el gobierno de Donald Trump, García Harfuch es el funcionario en quien descansa una estrategia de seguridad ambiciosa, vigilada y, sobre todo, validada tras el desmantelamiento gradual de la fallida estrategia de “abrazos, no balazos” heredada de Andrés Manuel López Obrador. El modelo de García Harfuch está centrado en inteligencia operativa, control financiero y coordinación interinstitucional.
Al colocar cuadros de su confianza en áreas clave —el CNI, la UIF y áreas sensibles de la FGR—, ha conformado un bloque que trabaja con lógica quirúrgica. Pero, más allá de los nombres, el punto central es la confianza que le otorgó Sheinbaum para construir su equipo y la que le concedió Estados Unidos para compartir información sensible. Eso le ha permitido a García Harfuch tener un mayor control.
En los círculos de seguridad estadunidenses, García Harfuch no es visto sólo como un secretario más, sino como un zar de la seguridad. En poco más de un año ha logrado algo que ningún otro secretario había conseguido en los últimos sexenios: centralizar mando, inteligencia y operación policial sin romper la coordinación con las Fuerzas Armadas. Incluso, la ha fortalecido. Quizá porque reconoce que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional son clave en esta nueva etapa, particularmente en el combate al narcotráfico. Los números respaldan esa percepción. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de la Defensa, que encabeza el general Ricardo Trevilla, entre enero y octubre de 2025 se aseguraron 554 kilos de fentanilo, lo que supera en más de 60% lo incautado durante todo 2024. Es un dato que en Washington no pasa desapercibido, sobre todo en un contexto donde la presión política por el tráfico del opioide sintético es recalcitrante.
Estos decomisos históricos cobran especial relevancia tras el endurecimiento del discurso y las órdenes ejecutivas de Trump, que colocan el fentanilo como un arma de destrucción masiva y una amenaza a la seguridad nacional estadunidense. En ese escenario, los resultados de las Fuerzas Armadas y de la SSPC funcionan como un dique de contención frente a la tentación intervencionista. Pero el riesgo no desaparece. En los márgenes del trumpismo sigue viva la idea de una intervención “quirúrgica” en territorio fronterizo contra células criminales, con el permiso a las FA de EU para atacarlas de manera letal, tal como ocurre en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela, donde el Comando Sur ha hundido, al menos, 25 embarcaciones y dado muerte a 99 presuntos narcotraficantes. Mientras tanto, en el plano interno, el Ejército mexicano ha intensificado operativos, desmantelado laboratorios clandestinos y golpeado estructuras criminales. Planes como Michoacán y Paricutín han permitido recuperar parcialmente regiones clave para productores de limón y aguacate, tras episodios de violencia extrema que evidenciaron la captura territorial del crimen organizado. El reto sigue siendo monumental. Mover a García Harfuch en este momento no sólo desarticularía un engranaje interno aún frágil. Mandaría, además, una señal equivocada a Washington.
* La audiencia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Adán Augusto López, fue aplazada a marzo 2026. Si la FGR pretende enviar un mensaje creíble de combate a la corrupción, este proceso debería tener prioridad. Bermúdez no operaba en solitario. Tenía respaldo, aval y cobertura. De acuerdo con fuentes, existe documentación pública que acredita la cercanía con Adán Augusto López, hoy senador de Morena y exgobernador de Tabasco, desde vínculos empresariales gestados en la notaría del legislador hasta contratos otorgados durante su administración.
DE IMAGINARIA
El secretario de la Marina Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales, ordenó el seguimiento y coordinación con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos para determinar las causas del accidente de la avioneta Beech King Air 350 de la Marina, en Galveston, EU.