Montajes y propaganda de los cárteles

Para nadie es un secreto que mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los partidos políticos priorizan su debate en torno al proceso electoral de 2024, la inseguridad y la violencia hacen de las suyas en todo el país y amenazan con poner en riesgo el mismo proceso electoral.

El trágico episodio vivido en Ecuador el pasado 9 de agosto, donde Fernando Villavicencio, aspirante a la presidencia, cayó víctima de presuntos sicarios vinculados a un cártel de narcotráfico, resuena ominosamente en la conciencia colectiva.

Esta situación, lejos de ser un caso aislado, podría replicarse en el contexto mexicano si no se implementan medidas de seguridad y prevención adecuadas.

Como eco de advertencias previas, quienes sean ungidos como candidatos o candidatas a la Presidencia, según muestra la tendencia, están desde ahorita en una posición extremadamente vulnerable.

La tensión política y la ola de violencia plantean un reto doblemente complejo. Por un lado, la necesidad de salvaguardar la integridad de los aspirantes presidenciales se erige como una prioridad ineludible y esto requiere de un enfoque multidimensional que abarque desde la cooperación de las Fuerzas Armadas con las policías estatales, hasta la implementación de estrategias de inteligencia que desarticulen posibles amenazas.

La necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno y los partidos políticos se torna urgente para evitar que la crispación política agudice aún más los desafíos que enfrenta la nación, aunque eso suena difícil de lograr dadas las posturas radicalizadas.

Sin embargo, es menester hacer un esfuerzo. La historia ha demostrado que la violencia política puede tener un efecto devastador en la democracia y la estabilidad de un país, ahí está el caso Colosio. México no puede permitirse caer en esa espiral peligrosa. La advertencia es clara y resonante: el país está en una encrucijada crítica.

* Revisión. El último año de gobierno del presidente López Obrador debería ser un llamado de atención para revaluar la estrategia de seguridad y comprometerse seriamente con la búsqueda de soluciones concretas antes de que la violencia galopante termine por definir el legado de su administración.

Hoy los índices de criminalidad son prueba fehaciente de que la estrategia de abrazos, no balazos es un fracaso. En la última semana, esto se puso en evidencia ante una serie de eventos violentos que sacudieron a todo el país.

Por ejemplo, en Guerrero sumaron 18 los asesinatos de choferes. Justamente, a su arribo a Acapulco la semana pasada, el Presidente recibió la noticia de que dos mujeres líderes de transportistas habían sido asesinadas, sin embargo, en su conferencia matutina negó que existieran focos rojos en la entidad y aseguró que si hay repuntes de violencia, es porque aún existen grupos delictivos que vienen de tiempo atrás.

En Nuevo León, los recientes homicidios dolosos en diversos municipios han expuesto la fragilidad de la seguridad pública. Sin embargo, en una nueva maniobra, el Presidente atribuyó estos actos violentos a los ataques de conservadores en contra el gobernador Samuel García.

En Michoacán, la escalada de violencia ha llegado a niveles alarmantes con narcobloqueos, incendios y extorsiones a productores de limón. Sin embargo, una vez más, el Presidente minimizó la gravedad de los hechos al etiquetarlos como “actos de propaganda”. Esta retórica se contradice con la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano que enviaron a mil 200 elementos para contener la crisis.

DE IMAGINARIA

Emotiva fue la ceremonia encabezada por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, donde se graduaron 776 oficiales, 551 son de las diversas armas y servicios del Ejército mexicano y 225 del servicio de Policía Militar, licenciados en Seguridad Pública, estos últimos, para ocupar cargos de mando dentro de la Guardia Nacional. Es la primera antigüedad que se gradúa con esta especialidad.