Juicio de García Luna fue al Estado mexicano

Finalmente, el exsecretario de Seguridad Pública y exzar antidrogas de México, Genaro García Luna, fue hallado culpable de los cinco cargos que le imputaron: participación en una empresa criminal continua, conspiración de distribución internacional de cocaína, conspiración de posesión y distribución de cocaína, conspiración de importación de cocaína y declaración falsa a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. 

Fueron cuatro semanas en las que comparecieron 26 testigos, nueve de ellos cooperantes. Ahora, el exfuncionario espera su sentencia que se prevé, será dictada el próximo 27 de junio. Se dice que serían por lo menos 55 años de cárcel, incluso cadena perpetua. 

El fallo, sin embargo, ha sido celebrado por el gobierno de la 4T como un triunfo propio y lo esparce sin recato por los cuatro vientos, aunque no haya movido ni una sola pestaña. Reclama ahora la cabeza de Felipe Calderón y la desaparición del PAN, pero no ha considerado siquiera que el juicio contra García Luna no fue sólo para demostrar los nexos del exfuncionario con el Cártel del Pacífico, sino también para enjuiciar al propio Estado mexicano y al sistema de justicia, el cual resultó igualmente culpable por omisión e impunidad.

Porque si bien EU demostró la corrupción de García Luna y expuso, además, a su círculo cercano, de acuerdo con la propia Presidencia de la República, confluyen nombres como el de Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño, Facundo Rosas, Iván Reyes Arzate, y Víctor Garay, en el sexenio de Enrique Peña Nieto nunca se culpó a nadie, ni mucho menos se abrió alguna carpeta de investigación y lo mismo ocurrió con el gobierno de la 4T. 

La detención de García Luna fue por orden de un fiscal de Nueva York y fue en Dallas, Texas, por los mismos cargos que lo llevaron a prisión. En México no tenía siquiera un citatorio por alguna infracción de tránsito. 

El triunfo entonces, no es de la justicia mexicana, es del sistema judicial de EU, éste que, tristemente evidenció al mundo la gran corrupción y podredumbre que hay en México; la forma vil y descarada en la que descansa la estructura criminal, tejida con la complicidad de la clase política.

Se halló culpable sí, a un exfuncionario del sexenio calderonista, pero ¿qué hicieron las administraciones siguientes? Hoy el gobierno de la 4T festina, pero ¿qué hará a poco más de un año de que concluya? ¿De verdad ya se comenzará a combatir las estructuras del crimen organizado y se llevará a la cárcel a criminales, funcionarios o políticos coludidos, sean del partido que sea y a quiénes sean? ¿Se acabarán los abrazos?

Recuerdo a un diputado que me decía: “A diferencia de países como Colombia, en donde los criminales querían ser políticos, en México hay políticos que quieren ser criminales, y ya hay algunos”. El narcotráfico está metido en la política desde hace muchos años, toma decisiones, impone candidatos, los apoya financieramente y quita del camino a quienes obstruyen el arribo de los que están de su lado.

Por eso, el regocijo de la 4T debería tener límites, porque ya han salido a la luz pública varios ejemplos y eso demuestra que no está exenta de que, en un futuro, alguno de sus militantes o funcionarios pueda estar sentado en el banquillo que desocupó uno de los hombres más poderosos de México. 

El presidente López Obrador sugiere que García Luna se ciña al beneficio de testigo protegido. El exsecretario aún tiene en su poder miles de documentos y testimonios comprometedores; nuevamente se pondría en el banquillo al Estado mexicano.

Se acallan rumores en torno al fiscal Gertz Manero. Reapareció en su oficina con el presidente de la barra de abogados, Víctor Oléa.

DE IMAGINARIA

El presidente Joe Biden presumió la buena relación que tiene con los secretarios de la Defensa Nacional, Gral. Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante José Rafael Ojeda. Reconoció que las FA mexicanas le dan confianza en el combate al narcotráfico. Seguramente porque los que fallecen son los soldados mexicanos; los suyos no realizan tareas de seguridad pública.