GIEI señala a las FA sin pruebas

En su último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lanzó nuevamente señalamientos en contra del Ejército y la Marina y, al igual que en los cinco informes anteriores, no presentó ninguna prueba contundente.

Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos únicos integrantes del GIEI que quedaban, afirmaron que la participación de las Fuerzas Armadas fue por acción u omisión. A decir de éstos, la participación de los soldados, la noche del 26 al 27 de septiembre, fue mayor de lo que reportaron en entrevistas y que la Sedena supo en todo momento de los movimientos de Guerreros Unidos, autores del secuestro, pero que no actuó y eso es omisión.

Asimismo, ratificaron lo que ya habían señalado, que los marinos ocultaron información en torno a la localización de bolsas con huesos en uno de los ríos de la zona.

La narrativa de los expertos desde 2015 es que tanto el Ejército como la Marina dificultaron el acceso y ocultaron información clave en la búsqueda de los estudiantes, desde las primeras horas de su desaparición y las posteriores, sin embargo, nada hay más falso que eso. Desde el inicio de las indagatorias, militares y marinos otorgaron todas las facilidades para acceder a la información y archivos que tenían, abrieron sus instalaciones, incluso se catearon supuestos lugares secretos.

Poco hay de nuevo en la última conclusión del GIEI, la cual termina por aceptar la “verdad histórica” de Murillo Karam, al coincidir en que uno de los móviles del ataque a los normalistas fue el secuestro, sin saberlo, de uno de los autobuses que los criminales usaban para traficar heroína. También, que desaparecieron a los 43 estudiantes en dos grupos, apoyándose en policías de Iguala, Cocula y Huitzuco y que trataron de borrar evidencias de su posible involucramiento.

Lo que no menciona el GIEI es que tanto el Ejército como la Marina no se mandan solos; si bien no existe una ley que impida que las FA actúen de inmediato en casos de emergencia o violaciones graves a los derechos humanos, como en el caso Ayotzinapa, el artículo 21 constitucional limita la participación de éstas, por lo que deben seguir ciertos protocolos y procedimientos.

Uno de los principios fundamentales en el uso de las FA para mantener el orden interno es la subordinación al poder civil, lo establece el citado artículo 21. Eso significa que su actuación debe ser siempre bajo la dirección y control del gobierno civil y, en este caso, el gobernador Ángel Aguirre debió solicitar, como autoridad civil responsable, la intervención del Ejército, lo que no hizo, sino horas después.

Para el GIEI es imposible continuar con la investigación porque según su percepción, el presidente López Obrador protege al Ejército y a la Marina. Es absurdo suponer que el Presidente solape a las FA cuando uno de sus compromisos fue llegar a la verdad, y más tonto es pensar que los secretarios de la Defensa, Luis Crescencio, y de Marina, Rafael Ojeda, desobedezcan las órdenes del mandatario.

No existe la protección a militares y marinos, la prueba está en que a la fecha hay 12 de ellos presos en el Campo Militar No. 1, incluidos generales, jefes y oficiales, y en cambio han sido liberados 78 de los 142 culpables confesos de la desaparición de los 43 estudiantes.

Hace algunos meses comenté que los precandidatos deberían de contar con la protección federal en sus actos de proselitismo, dado que el riesgo de un atentado es latente, no sólo a Xóchitl Gálvez como se menciona, sino a cualquiera, incluidos los de la 4T. En un ambiente de violencia todo puede pasar. Es necesario traer a escena el caso de Luis Donaldo Colosio. Se trata de un asunto de seguridad nacional.

De Imaginaria. Escritos de mi padre, el Gral. Miguel Ángel Godínez: “El Ejército es el encargado de mantener despejado y transitable el camino que los mexicanos debemos recorrer para llegar a las metas que anhelamos”.