El general Mérida y un Consejo de Guerra

Según versiones, el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Rubén Rocha Moya, ambos reclamados por la justicia de EU, fue obligado por el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, a que, en un gesto de arrojo y honor militar, se entregara de forma voluntaria. No fue así. A Mérida nadie lo obligó a cruzar la garita de Nogales para quedar bajo custodia de las autoridades estadunidenses; fue, quizá, el miedo a ser asesinado por la información que posee o el peso de su conciencia lo que lo llevó a tomar esa decisión.

Una acción verdaderamente valiente habría sido entregarse ante la Procuraduría de Justicia Militar para ser llevado a un Consejo de Guerra y recibir el trato correspondiente a su investidura de general de División, el grado más alto del Ejército mexicano. Mérida Sánchez no es cualquier militar. Fue comandante de tres zonas militares —Puebla, Tamaulipas y Michoacán—; director de la Escuela Militar de Inteligencia y miembro del Estado Mayor Presidencial, además de acumular 35 años de carrera. Pudo haber sido juzgado por autoridades castrenses, conservar el derecho a ser tratado conforme a su grado y permanecer en instalaciones militares, no en prisiones civiles. Sin embargo, pese a ser un testigo de alta relevancia, fue tratado de forma humillante en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esposado de pies, manos y cintura, con uniforme de reo y bajo custodia federal. Ahí fue acusado formalmente de conspirar para importar narcóticos y poseer armamento, además de aceptar sobornos a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad para proteger a la facción de Los Chapitos.

*  Aunque se declaró no culpable, la jueza neoyorquina Katherine Polk dijo que existe evidencia “abundante” y “voluminosa”. Con ello se derrumbó la versión del gobierno federal y del gobernador Rocha Moya de que las pruebas contra el Gral. Mérida pueden ser irrelevantes.

El gobierno de Sheinbaum está preocupado. Así lo refleja el discurso del pasado domingo, en el que acusa a EU de injerencismo y exige a su embajada no intervenir en los asuntos internos de México. La postura surge tras la presunta participación de dos agentes en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, pero se ha mantenido en los reclamos de extradición de Rocha Moya.

El temor del gobierno, aunque no lo admita, es que las implicaciones alcancen al expresidente López Obrador. Resulta ingenuo pensar que está libre de sospechas y que no figura en la lista de políticos reclamados por EU.

Sheinbaum no puede seguir con este manto protector ni alegar soberanía cuando existe una ley de extradición que debe cumplirse. La relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados y cualquier movimiento equivocado podría traducirse en graves consecuencias económicas, políticas y diplomáticas, no para los políticos o Morena, sino para México.

*  El gobierno federal y Morena harán un impasse en la ofensiva contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. La intención de llevarla a juicio político por el supuesto delito de traición a la patria terminó en un fracaso para Andy López Beltrán y Ariadna Montiel. Se dieron cuenta del error y, quizá sin preverlo, la colocaron como posible candidata rumbo a 2030.

*  Otra vez la prensa de EU da a conocer posibles acciones contra otros gobernadores de Morena: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, a quienes incluso ya les retiraron la visa.

*  La CNTE está cayendo en actos de terrorismo. No hay sanción en su contra por el temor mediático de cara al Mundial y porque los gobiernos federal y capitalino siguen con el trauma del 68.

DE IMAGINARIA

¿Quién se cree López Obrador? Ya no es presidente. Su carta, en la que critica abiertamente a Donald Trump, sólo contribuye a tensar aún más la relación con EU. Tampoco tiene facultades para involucrar a las Fuerzas Armadas. ¿A qué se refiere cuando dice que, para vengarse del Ejército, la DEA y el Departamento de Justicia fabricaron un expediente contra el general Salvador Cienfuegos? ¿No será que, al invocar la no injerencia, busca curarse en salud y evitar el mismo destino de Rocha Moya? Dice el dicho que, a explicación no pedida, culpa manifiesta. Por el bien de todos, deje gobernar a la Presidenta.