El silencio del almirante Ojeda

El exsecretario de Marina Rafael Ojeda tuvo en sus manos la posibilidad de desmantelar una red de corrupción que operaba desde el corazón mismo de la Armada de México, pero no lo hizo. El caso es más grave porque no se trataba sólo de malos elementos, sino de sus propios sobrinos: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, señalados por encabezar una red de huachicol fiscal en puertos estratégicos como Manzanillo, Tampico y Altamira.

Ojeda se limitó a “lavarse las manos” mediante una carta al presidente López Obrador, en lugar de activar los mecanismos de inteligencia y justicia militar con los que contaba. En un instituto armado que presume una de las áreas de inteligencia más avanzadas y respaldadas por potencias extranjeras, resulta incomprensible que su máximo responsable no haya recurrido a ella para exhibir, investigar y detener a los responsables. Debió, en todo caso, presentar la denuncia ante la justicia naval o militar, las cuales cuentan con leyes y protocolos para procesar a marinos y militares más allá del MP civil.

Por más que trataron Omar García Harfuch y el fiscal Alejandro Gertz Manero de exonerar al almirante Ojeda, no hay forma de defenderlo. Sí, es cierto, dio a conocer la fecha en la que hizo la denuncia, pero eso es lo que ha causado la más grande sospecha de su complicidad.

La omisión de Ojeda ha dejado muertes sospechosas y silencios. Dos marinos involucrados en el contrabando de combustible fallecieron en circunstancias sospechosas: el capitán Abraham Jeremías Pérez había denunciado la corrupción en la Marina y poco después fue hallado muerto, presuntamente por suicidio; luego, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga falleció en un supuesto “ejercicio de tiro real” en Puerto Peñasco, Sonora.

Pero el escándalo no se limita al ámbito militar. En esta cadena de muertes está la de otros siete civiles y el involucramiento de 555 empresarios de México y de Estados Unidos, así como ocho puertos administrados por gobiernos locales y políticos, y funcionarios de ambos países.

La red delictiva dentro de la Marina fue revelada por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, tras los decomisos millonarios de huachicol en buques tanque y mostró que el negocio era imposible sin protección de las más altas esferas. Ésta es sólo la punta del iceberg. Es poco creíble que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna haya recibido sólo un millón y medio de pesos, considerando el reparto a subordinados involucrados, mandos medios y bajos. Todo esto debió saberlo Inteligencia de Marina. Lamentablemente, van a salir más cosas. Hoy, la imagen de la Marina, construida durante décadas como una de las instituciones más respetadas, se tambalea entre sospechas de encubrimiento y complicidad. Si la Presidenta asegura que en este asunto de corrupción no importa “caiga quien caiga”, el caso Ojeda debería ser la primera prueba de fuego.

El combate al huachicol fue una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador, para su infortunio, el tema está ahora en el ojo del huracán y podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción de su sexenio, no sólo por lo que implica, sino porque arrastra a la Secretaría de Marina, una de las instituciones más admiradas por la ciudadanía.

El expresidente entregó a las FA facultades que correspondían a civiles; al Ejército mexicano le dio el control de aduanas y a la Marina el de los puertos. Lo hizo con la promesa de combatir la corrupción, pero el resultado fue todo lo contrario: creó cajas negras sin contrapesos civiles.

La reputación de la Marina no se limpiará con cartas ni simulaciones, sino con investigaciones a fondo y sanciones ejemplares.

DE IMAGINARIA

La muerte de dos marinos relacionados con el contrabando de gasolina nos recuerda la desaparición de Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, también marinos, comisionados por la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, para custodiar al hoy diputado del PT José Narro Céspedes en un viaje de ese puerto a la Ciudad de México, esto el 3 de enero de 2022. A la fecha, ni la FGR ni la Marina ni el diputado ni Abelina saben de su paradero.