Ejército y Marina: los que nunca se rinden

Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de los cargos por narcotráfico. Ante el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, New York, dijo que se inició en el narcotráfico en 1979 y a partir de ahí construyó medio siglo de historia criminal. Su confesión revela la magnitud del negocio de las drogas que dirigió durante décadas: toneladas de cocaína, flotas de aviones, sobornos y violencia. Admitió que corrompió a policías y políticos. También reveló que lo mismo hizo con militares. Estas declaraciones, aunque ya se sabía, causaron un gran impacto mediático, pero no pueden generalizarse. El Ejército mexicano, con excepción de algunos elementos que se dejaron corromper, ha mantenido su integridad y permanece incólume al frente de la batalla contra los cárteles.

El propio secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, ha reiterado que la disciplina y el compromiso de las Fuerzas Armadas son inquebrantables, y que no se permitirá que unos cuantos casos aislados manchen el prestigio de la institución. Bajo su mando, el Ejército ha reforzado la estrategia contra la delincuencia organizada, encabezando detenciones de alto perfil y decomisos históricos que demuestran la eficacia del instituto armado en el combate a los grupos criminales y que no está sometido.

Nadie puede dudar que, en medio de una guerra prolongada, la lealtad de los soldados ha sido la muralla que ha impedido que el narcotráfico se apodere totalmente del país. Ha sido el Ejército la institución que ha dado la cara por el Estado en esta lucha. Desde los años noventa hasta la fecha, las FA han protagonizado los operativos más relevantes contra las organizaciones criminales y detenido a sus líderes.

Basta recordar que, en 1995, el Ejército capturó a Héctor El Güero Palma y lo mismo hizo con Alfredo Beltrán Leyva en 2008. Su hermano Héctor fue aprehendido en 2014. En 2020, también detuvo a José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima. En enero de 2023, resistiendo emboscadas en Sinaloa, logró la recaptura de Ovidio Guzmán López. Tres años después del famoso Culiacanazo, en 2019, cuando el Ejército mexicano logró su detención, pero fue liberado a las pocas horas por órdenes del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La Marina, por su parte, escribió capítulos igual de decisivos: la captura de El Chapo en 2014 y 2016, la caída de Arturo Beltrán Leyva en 2009 y la detención de Rafael Caro Quintero en 2022. Operaciones, tanto del Ejército como de la Marina que han sido quirúrgicas, planeadas con inteligencia y ejecutadas, algunas de ellas, en medio de fuego cruzado.

A la captura de los líderes del narcotráfico se suman los grandes decomisos, como aquel histórico de 23 toneladas de cocaína en Manzanillo, en 2007, los millones de dosis de metanfetaminas y en los últimos años, más de 65 millones de pastillas de fentanilo, además de armas de alto poder, vehículos, dinero y cientos de laboratorios clandestinos destruidos.

En esta guerra interminable, decenas de soldados y marinos han perdido la vida en cumplimiento del deber, lo más irónico es que las FA han estado solas en esta batalla, en lugar de una verdadera estrategia, desde hace varios sexenios les han ido delegando nuevas responsabilidades, todas distintas a las que les dieron origen. Y así, mientras soldados y marinos arriesgan la vida, las estructuras políticas siguen contaminadas por los sobornos, complicidades y omisiones ante el narcotráfico. Reitero, sin una estrategia integral, alejada de la tristemente célebre Abrazos, no balazos, el sacrificio de soldados y marinos será en vano.

DE IMAGINARIA

Hace unos días, los titulares de la SSPC, Omar García Harfuch, y de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se reunieron con los 32 secretarios de Seguridad estatales. Gertz Manero pidió mayor compromiso. García Harfuch por su parte, anunció el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, pero lo que México necesita es una estrategia real contra la delincuencia: que abarque crimen organizado y fuero común, que funcione entre estados y obligue, bajo sanción, a gobernadores y fiscalías a actuar.