Desafío al Estado

La reciente masacre en la exHacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, que dejó 11 jóvenes muertos y 14 heridos, exige una respuesta inmediata y contundente de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, además de que es imperativo poner fin a la impunidad de la delincuencia organizada, que parece desafiar cada día, la capacidad del Estado.

La brutalidad de este nuevo acto se suma a otras 61 masacres que han sido registradas en lo que va de este sexenio, en distintos puntos del país, la más reciente, en Texcaltitlán, Estado de México, donde pobladores de Texcapilla dieron muerte a diez sicarios del cártel de La Familia Michoacana y en el que otros cuatro comuneros también resultaron muertos.

Si bien lo ocurrido en Texcaltitlán es indignante, en Salvatierra se abre otra herida causada por la tragedia de hace unas semanas, cuando seis estudiantes universitarios fueron secuestrados y asesinados en la misma región.

Estos actos de barbarie han generado una justificada indignación en la opinión pública, más aún, cuando la Fiscalía del estado considera, de manera frívola, que los hechos se derivaron de la revancha de un grupo criminal que al ser impedido su acceso a la posada acribilló cobarde e indiscriminadamente, a los jóvenes que sólo buscaban divertirse.

Las declaraciones de la Fiscalía forman parte de su investigación, que apunta al Cártel de Santa Rosa de Lima como responsable del múltiple asesinato, sin embargo, no se puede hablar a la ligera cuando el gobierno de Diego Sinhue ha dado muestras de incapacidad para contener el crimen, agravado por la descoordinación con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la destitución del fiscal Carlos Zamarripa, a quien acusa de que Guanajuato se ha convertido en el estado más violento del país, no obstante, al señalar, sin pruebas, que la masacre está relacionada con el consumo de drogas, involucra también a la SSPC, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, pues se trata de un delito federal, lo mismo que el uso de armas de alto poder, pero su funcionaria está completamente desaparecida.

La preocupación no es para menos. La seguridad de los jóvenes se erige como una prioridad y como un tema de seguridad nacional, ya que está en juego el futuro de México. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, en 2006, hasta diciembre de este año, más de 150 mil jóvenes han sido asesinados, 50 mil de ellos en la presente administración.

La sociedad exige acciones efectivas y coordinadas para enfrentar la creciente crisis de seguridad en todo el país. La violencia no puede seguir siendo tolerada ni normalizada. La seguridad de los ciudadanos, especialmente la de los jóvenes, debe ser una prioridad innegociable para el gobierno, y el tiempo se agota para la administración de López Obrador.

* Y mientras Rosa Icela brilla por su ausencia al igual que Luisa María Alcalde, titular de Gobernación, en Zacatecas, un grupo armado asesinó en plena luz del día al dirigente ganadero Cuauhtémoc Rayas. Mientras que en Durango grupos delincuenciales desaparecieron a ocho personas de origen ecuatoriano; en Jalisco y Michoacán no cesan los narcobloqueos.

DE IMAGINARIA

A Omar García Harfuch nada le ha salido bien. Primero fue desplazado como candidato a la Jefatura de Gobierno, luego cuando ya se veía como seguro secretario de Seguridad Ciudadana al lado de Claudia Sheinbaum, sale de forma urgente del país, ante la amenaza de que el CJNG termine el trabajo que dejó pendiente hace tres años, cuando atentó en contra del llamado Batman de la CDMX. La información se la dio el Gral. Audomaro Martínez, director del CNI y, aunque el protegido de Sheinbaum asegura que se fue de vacaciones al extranjero, existen otras versiones, sin embargo, en caso de que regrese al país, no se incorporará a la campaña, pues de hacerlo únicamente pondría en riesgo la seguridad física de la candidata.