Hace ocho años fueron secuestrados y desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, un asunto que dañó seriamente al gobierno de Enrique Peña Nieto, donde las fallas y escándalos de la indagatoria, que culminó con la verdad histórica, conjugadas con la creciente violencia y los múltiples casos de corrupción, anuló la posible continuidad de su partido en el poder.
Hoy, la historia puede volver a repetirse. El presidente López Obrador sabe del riesgo que existe por el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CVAJ) del caso Ayotzinapa, el cual, además de confrontar al Ejército, evidencia también irregularidades y violaciones a la Constitución, mismas que han provocado fuertes reacciones de los padres de los estudiantes y la opinión pública, lo que al final podría mermar en el ánimo del electorado.
López Obrador se comprometió en campaña a esclarecer los hechos con la creación de la Comisión de la Verdad, con la coadyuvancia de organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia ONU, y para ello designó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, para coordinar las investigaciones.
Éste fue quizás un error del Presidente. Encinas Rodríguez, de amplia trayectoria política, siempre de izquierda, tiene también una marcada tendencia antimilitar, y poner en sus manos una indagatoria en la que se involucra a miembros del Ejército, era como poner la Iglesia en manos de Lutero.
Encinas aceptó la responsabilidad y fue tajante al decir que no se generarían falsas expectativas ni se iba a construir otra verdad histórica, sino que se encontraría la verdad, por dolorosa que ésta fuera.
El problema para el subsecretario es que, en su afán de cumplir su promesa y bajo la tendencia que le caracteriza, acusó a miembros del Ejército sin considerar diversas irregularidades y violaciones jurídicas, que hoy enmarañan más el caso y ponen en riesgo toda la investigación; de paso, ha propiciado un severo cuestionamiento al Presidente, sin dejar de lado la molestia de las Fuerzas Armadas.
Como lo dije en este espacio, Alejandro Encinas asumió un rol de Ministerio Público que no le correspondía; acusó directamente a militares de haber participado en la desaparición de los normalistas, teniendo como prueba sólo los dichos de un testigo protegido, lo que dio pie para que los abogados, como en el caso del general brigadier José Rodríguez Pérez, presentaran un amparo en su contra y lo acusaran de armar expedientes falsos.
Por sus fallas, el subsecretario está metido en un laberinto. Su actuación también ha confrontado a la FGR y su actuar a espaldas de ésta ha provocado filtraciones a la prensa, como ocurrió con Peniley Ramírez, lo que pone en entredicho la veracidad de la indagatoria. A la fecha, ya no tiene pies ni cabeza.
De los más de 80 detenidos, desde 2014, ninguno ha sido sentenciado y 70 han sido liberados por falta de pruebas e irregularidades, asimismo, fue cancelada la orden de aprehensión a 20 militares acusados por Encinas, pero, de la misma manera, por diversas irregularidades fueron suspendidas, provocando la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien dirigía las pesquisas desde junio de 2019.
Aunado, el GIEI anunció que ya no continuaría con las investigaciones porque no se han tomado en cuenta sus informes ni renovado el acuerdo con la CIDH. Uno de esos informes señala que varios estudiantes estuvieron vivos 12 días después de su secuestro.
Para rematar, Murillo Karam podría salir limpio, luego de que una juez federal determinara la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso.
DE IMAGINARIA
Condenable el asesinato de policías héroes, como el de Javier Chalchi Álvarez de la SSC de la CDMX, quien ofrendó su vida al intentar detener a dos homicidas en Tlalpan.
Como lo dije en este espacio, la caída del helicóptero Halcón Negro, tras el operativo que culminó con la captura de Caro Quintero, fue por falta de combustible.