Ataque inmerecido

Desde el movimiento estudiantil de 1968, y de eso hace ya 54 años, el Ejército mexicano no había estado en el centro del debate político y de la opinión pública como ahora. 

El hackeo a sus sistemas informáticos por el grupo internacional denominado Guacamaya, del que ahora se dice, podrían ser militares inconformes, no es sino consecuencia de una serie de decisiones erróneas que pusieron a las Fuerzas Armadas (FA) en la mira de estos activistas al inmiscuirlas en los terrenos de la política, a sabiendas de que la Constitución lo prohíbe.

Para nadie es un secreto que todos los ejércitos en el mundo realizan tareas de inteligencia y contrainteligencia, eso les permite prever sus necesidades logísticas, reforzar su capacidad de respuesta y supervivencia, así como determinar la rapidez en los despliegues y operaciones, y también quizá, la única forma de prever acciones de la delincuencia organizada o de grupos subversivos. 

Sin embargo, pretender y emprender un camino para que tanto el Ejército mexicano como la Marina, asuman roles distintos a los asignados constitucionalmente, ya sea como empresarios, constructores o policías, tiene también una explicación, son los más confiables y capacitados, aunque esas decisiones tarde o temprano iban a ser motivo de cuestionamientos y señalamientos, amén de convertirse en armas para los opositores con miras al proceso electoral de 2024.

Si bien es cierto que los hoy partidos de oposición dicen estar en contra de la militarización, en su momento se sirvieron con la misma cuchara cuando gobernaron el país e inmiscuyeron, con todo conocimiento de causa, a las FA en tareas de combate al narcotráfico y de seguridad pública.

Lo hicieron conscientes de que se les exponía abiertamente ante la fragilidad jurídica, derivado de su incapacidad para generar reformas. ¿Quién no recuerda los casos en los que fueron acusadas de violación a los derechos humanos, del uso excesivo de su fuerza, incluso de letalidad, incluido el actual Presidente?

Hoy, de nueva cuenta, nuestras FA son atacadas de forma inmerecida, porque como en los anteriores sexenios, los soldados no pidieron ser protagonistas, son institucionales y sólo cumplen las órdenes de los propios gobiernos civiles que los han zambullido en esos menesteres. 

Tanto el Presidente como Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, han salido en defensa de las FA y calificado de cínicos y de memoria e inteligencia corta a los opositores, porque, subrayan que fueron sus gobiernos los que propiciaron que el Ejército asumiera estas labores sin base constitucional, aunque el actual tiene también responsabilidad.

En este tenor, el trato que recibió el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, fue un exceso porque también recibe órdenes, además de que no tenía participación alguna. No comparecía ante el Senado, fue invitado por algunos legisladores, pero no hubo un acuerdo general ni mucho menos formal; los reglamentos de esa Cámara son claros.

* Alguien miente. La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el homicidio doloso disminuyó 13.9%, pero el Inegi mostró datos que dicen lo contrario. 

* Hablando de comparecencias, David León, exfuncionario del gobierno de Chiapas que entregó los sobres con dinero a Pío López Obrador, fue citado por la FGR, y de confesar, saldría a relucir el nombre de Manuel Velasco, quien autorizó la entrega de esos recursos, incluso se sabe que fue él quien ordenó los videos con ayuda de sus amigos del Cisen.

De Imaginaria

En la mañanera de ayer jueves, el Presidente presumió a los legisladores de oposición una encuesta del Inegi en la que señala que las FA tienen un alto porcentaje de aceptación y confiabilidad por parte de la ciudadanía. El Ejército, 83% y la Marina, 85 por ciento.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Ejército mexicano logró la captura de 32 integrantes de los cárteles de los Zetas, JNG, de Sinaloa y Nuevo Imperio.