Acusación sin pruebas

El informe reescribe lo que ya se sabía, que los 43 normalistas ya no están con vida, que fueron bandas del narcotráfico las responsables del crimen. 

Pero la CoVAJ busca nuevos responsables, y cita que la verdad de Murillo se construyó desde el gobierno federal con la participación de la PGR, la Semar, con  los almirantes Marco Antonio Ortega y Eduardo Redondo Arámburo, del CISEN, con José Miguel Espinoza Pérez, de la PFP con Omar García Harfuch y el entonces comisionado Nacional de Seguridad, Manelich Castilla; el gobernador Ángel Aguirre y el procurador Iñaki Blanco, entre otros.

La finalidad dice el informe: legitimar socialmente la verdad, sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas y de las autoridades federales, además de ceder a una estrategia de neutralidad para responsabilizar sólo a las autoridades locales. 

En este documento, Alejandro Encinas busca enfatizar la responsabilidad del Ejército, pero no lo hace con bases sólidas de investigación, sino que parte de supuestos, básicamente, en el sentido de que los militares destacamentados ese día en el 27 Batallón de Infantería, no atendieron inmediatamente los llamados de emergencia, olvidando que no se mandan solos y que, por tratarse de un asunto civil, del fuero común, el gobernador Ángel Aguirre debió solicitar la intervención. 

Se culpa al general Alejandro Saavedra Hernández, excomandante de la 35 Zona Militar, y al teniente de Infantería, Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón que, tuvieron conocimiento de los hechos por diferentes medios, principalmente, por un elemento infiltrado en la normal, el soldado Julio César López Patolzin.  Pero tampoco hay la certeza de que siguiera en activo, se sabe que había causado baja antes. De acuerdo con el informe, López Patolzin, realizaba actividades desde 2012, que consistían en informar lo que acontecía en las asambleas; dar seguimiento a las marchas, mítines, y cualquier movimiento de los estudiantes en Guerrero o fuera de la entidad, además de detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional. 

El teniente Francisco Macías, era su mando inmediato y a quien reportaba directamente. La comisión destaca que el 26 de septiembre, López Patolzin entregó su último reporte alrededor de las 10:00 horas, 11 horas antes de que se desatara la violencia.

A partir de esa hora se perdió el contacto con el soldado, en tanto, la violencia se incrementaría a partir de las 22:30 horas y entre las 22:45 y a las 23:00 se intensificaría la comunicación entre mandos y elementos operativos de Guerreros Unidos, hora en la que los estudiantes fueron entregados a los sicarios. 

Asimismo, acusa, sin prueba alguna, que militares y marinos participaron en las detenciones de presuntos responsables y cree, o supone, que permitieron o pudieron haber participado en los actos de tortura para obtener las declaraciones de los implicados y hacer referencia al basurero de Cocula, como lugar de ejecución de los estudiantes. 

Al final, se hace mención, otra vez, con versiones y dichos, más no con pruebas, que los cuerpos de algunos estudiantes fueron llevados al 27 Batallón, lo que provocó la ira de sus padres, que tomaron por la fuerza las instalaciones, pero sin hallar absolutamente nada en su interior. Incluso, el exsecretario, general Salvador Cienfuegos, ofreció abrir las puertas de los campos militares para ser inspeccionados y como en el 27 Batallón, no encontraron nada. Sólo dichos.

 DE IMAGINARIA