Sargento José

El caso del sargento José, presunto ejecutor de Paulino Martínez Silva, alias El Pavín, en un enfrentamiento entre soldados del Ejército y huachicoleros, el 3 de mayo en Palmarito Tochapan, ha dado un nuevo giro y ha despertado la sospecha hacia el sistema de justicia.

El militar primero fue exonerado por un juez de control, quien determinó la invalidez de un video presentado como testimonio del homicidio, argumentando no tener certeza de su origen y de haber sido editado, además, porque la PGR no presentó pruebas suficientes para que el sargento fuera vinculado a proceso.

Sin embargo, de forma inusitada, el magistrado unitario, Esteban Santos, revocó, en tan solo tres días, la resolución del juez, en atención a la apelación de la PGR, por lo que el militar fue sometido a proceso por homicidio calificado.

Lo más grave del magistrado, es la validación de los argumentos emitidos por el MPF, en el sentido de que el juez se inclinó por la exoneración del soldado en un claro favoritismo al Ejército. MP y magistrado decidieron, en contraparte, dar por válido el video editado por el grupo criminal, mismo que fue entregado por un grupo de niños a medios de comunicación en una USB días después del enfrentamiento. Alejandro Robledo, abogado defensor del sargento José e integrante del despacho legal del empresario Alejandro Martí, presidente de México SOS, ha insistido en que el video es una copia y es un montaje comprobado plenamente. Luego, entonces, ¿el magistrado y el MP tienen favoritismo hacia los huachicoleros?

El asunto abre dos escenarios en nuestro sistema de justicia que hoy es cuestionado: jueces que defienden la legalidad con base en razonamientos jurídicos, además de magistrados y MP que defienden a criminales con pruebas insostenibles ¿Amenazados, quizá? El Estado es el que pierde. Hoy de nueva cuenta se encienden las alarmas porque es preferible para soldados y marinos ser acusados de deserción, que ser procesados por matar a un delincuente. Sin policías confiables y con soldados que desertan ¿quién impedirá el caos? Eso lo ha advertido el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y lamentablemente no hay respuesta.

Manelich Castilla, comisionado de la PF, alzó la voz para señalar que mientras ellos detienen a criminales, ministerios públicos los sueltan. Algo grave pasa en el sistema penal acusatorio, porque no es el único que hace el señalamiento.

José Mireles, líder de las autodefensas de Michoacán, azuzó a sus huestes a enfrentar al Ejército cuando éstos cercaban a narcotraficantes en Tepalcatepec. ¿Se pasó del lado de los malos o siempre ha estado ahí? Su pleito era con Alfredo Castillo, excomisionado de Michoacán.

Uno de los errores de este gobierno, en su estrategia contra el crimen organizado, fue desaparecer a la SSP. La CNS, que ocupó su lugar, tiene 45 mil elementos y una flota aérea envidiable, sin embargo, está subordinada a una subsecretaría.

Los cinco integrantes del GIEI de la CIDH, para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dicen haber sido espiados con Pegasus. ¿Será por eso que no hubo resultados?

Durante la reunión entre los secretarios de la Defensa y de Marina con John Kelly, esto en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo, luego de la masacre en el penal de Acapulco, salió a desmentir que el número de muertos ascendía a más de 30. “Sólo fueron 28”, dijo.

Les llovieron felicitaciones a los policías federales en su día.

De Imaginaria. El Ejército está comprometido para combatir la inseguridad en todo el país, pero todas las instituciones deben sumarse a este esfuerzo, dijo el  general Salvador Cienfuegos.

Después de seis meses de haber sido nombrado subsecretario de la Sedena, el general Gilberto Hernández Abreu está ambientado y ya se notan sus decisiones.

Otro que hace bien su tarea es el general Roberto Eduardo Molina García, quien no sale a escena, pero lleva, como secretario particular, la delicada y apretada agenda del general Cienfuegos.