Los dimes y diretes del caso Ayotzinapa

Ante uno de los casos más delicados que vive el gobierno de Enrique Peña Nieto, especialistas nacionales y del extranjero han sido incapaces de ser convincentes en sus conclusiones. De nada ha servido recurrir a las instancias más especializadas sobre investigación forense para satisfacer no sólo a los familiares esperanzados o empeñados en encontrar vivos a sus hijos desaparecidos, sino a la sociedad en general, que se encuentra inmersa en una guerra mediática que parece tener otro tipo de intereses capaces de empañar un proceso electoral que se encuentra a la vuelta de la esquina.

Ya la CNTE ha amenazado con impedir las elecciones, como si nos faltaran motivos para vivir uno de los procesos electorales más álgidos de la historia. Llegamos a un proceso electoral más, pero en el peor de los momentos, un proceso que se está dando en el marco de total incredulidad y desconfianza hacia las instituciones. Problemas de seguridad nacional, económicos, inestabilidad social, presión internacional, corrupción a todos los niveles, censura y represión, candidatos inimaginables. En un ambiente incierto en todos sus ámbitos se puede esperar el peor de los escenarios en el ejercicio democrático más contaminado de la historia del México moderno. Si analizamos los posibles eventos por venir, es inevitable pensar en la intervención de instancias facultadas por el Estado para garantizar a los ciudadanos su derecho a votar; no menos, hace algunas semanas ha sido designada la Secretaría de Marina como responsable de resguardar la papelería oficial que se utilizará para las elecciones. Asimismo, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Nacional constitucionalmente estarán encargadas de guardar el orden que debe acompañar este proceso. Razón por la cual, la credibilidad y confianza que debe prevalecer en instancias como el Ejército mexicano son fundamentales en estos momentos.

Poco abona a esta necesidad del Estado seguir inmersos en los dimes y diretes de los hechos del caso Ayotzinapa, sin restar la importancia de este lamentable hecho que ha lastimado a la sociedad entera, las nuevas consideraciones vertidas por el expediente entregado por la Secretaría de la Defensa Nacional, gracias a la Ley de Transparencia, no dicen nada en concreto, pero dicen mucho a las suspicacias que se empeñan en mantener a la sociedad en un conflicto permanente que parece no ser conveniente, para algunos, resolver. Que si el Ejército permitió deliberadamente los hechos tan lamentables, que pudo haber intervenido y se conformó con sólo ver, que no quisieron auxiliar a los estudiantes, que los reportes han sido inconsistentes o mutilados, que las ubicaciones no son las correctas intencionalmente, en fin, hasta el parte de llegada de un médico militar, procedimiento obligatorio para cualquier elemento del Ejército ante la instancia militar más cercana cuando goza de su periodo vacacional, se califica como un hecho muy extraño, sólo por pertenecer a la planta del Estado Mayor Presidencial. Quien traduce dicho informe, poco conoce o poco quiere conocer sobre los procedimientos rutinarios y obligatorios de los miembros del Ejército. Nadie quiere preguntarse o nadie quiere responder sobre lo que hubiese pasado si los militares hubieran intervenido en un asunto municipal, en donde su propia policía está llevando a cabo, en su jurisdicción, el cumplimiento de una orden. El discurso histórico afirma que el Ejército no debe patrullar las calles, que no debe intervenir como una policía del estado, pero hoy se le juzga por no hacerlo. Habría que preguntarse también, ¿con qué contaba el Ejército para interpretar los hechos de la Policía Municipal como abuso de autoridad? y aun así, ¿qué lo facultaba para intervenir o con qué argumentos constitucionales hubiese podido actuar?

No menos, en el mismo informe algunos estudiantes refirieron haber sido rescatados por ellos, aunque después dijeran lo contrario. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está interesado en descalificar a esta institución? ¿Quién gana con fortalecer la incertidumbre y la desconfianza en pleno proceso electoral? Lo cierto es que quien menos gana es México. Nuevamente el Ejército se ve en la necesidad de aclarar, de defenderse o de explicar, de ordenar los argumentos de su propia información para que nadie pueda cuestionar la pertinencia de su conducta, dando a conocer sus procedimientos y recordándonos a todos, nuevamente, el nivel de facultad frente a hechos de esta índole. Deberá tocarle de nuevo al general Salvador Cienfuegos repetir las palabras de su atinado discurso. “La marcha de la lealtad nos enseña que nadie puede estar por encima de la ley y nos muestra, que ante acciones contra las instituciones, siempre habremos mexicanos leales y de honor dispuestos a resguardarla y hacerla respetar”.