¿Y dónde está la autoridad electoral?

El pasado domingo se reunió el Consejo Nacional de Morena para hacer del conocimiento público el método para elegir a su próximo candidato a la Presidencia de la República. Durante la sesión se aprobaron los siguientes requisitos: el registro será del 12 al 16 de junio; los aspirantes deberán renunciar a cualquier cargo público con fecha límite el próximo viernes 16; la precampaña iniciará el 16 de junio y terminará el 30 de agosto; cada participante propondrá dos casas encuestadoras, de las cuales se elegirá a cuatro por medio de una tómbola, mismas que serán quienes realicen la encuesta final. Éstas son las reglas que tendrán que cumplir los cuatro aspirantes de Morena, así como dos externos: uno del PT y otro del PVEM.

A todo esto, ¿dónde están las autoridades electorales? Las medidas aprobadas por Morena son ilegales, la ley electoral especifica claramente que el proceso electoral de 2024 para la renovación de la Presidencia de la República y los demás cargos de elección popular arrancan durante el mes de septiembre. Es claro que lo que realiza Morena son actos anticipados de campaña. ¿Quién está pagando los gastos de los aspirantes? ¿Bajo qué condiciones y compromisos?

Es importante señalar que, durante el 2018, el gasto de tres meses de campaña de cinco candidatos a la Presidencia fue de alrededor de mil quinientos millones de pesos, es el mismo tiempo que durará la precampaña ilegal de Morena, donde veremos a sus aspirantes recorrer el país de la misma forma en que lo hace un candidato. Esperemos que las autoridades financieras pongan atención, ya que ha habido diversos señalamientos en medios de comunicación con respecto a que durante las elecciones pasadas intervino el crimen organizado a favor de la Cuarta Transformación, así como señalamientos de recursos financieros y humanos por parte de diferentes áreas de sus gobiernos.

Si el costo es de más de mil millones de pesos, ¿de dónde saldrá ese dinero? Las últimas semanas hemos visto reportes de medios de comunicación informando sobre mítines multitudinarios por parte de los aspirantes de Morena, eventos que llegan a ser de hasta 50 mil personas. La ilegalidad no comienza el 16 de junio, la ilegalidad lleva más de un año y por eso la pregunta: ¿dónde están las autoridades electorales?

Dentro de las mismas ilegalidades que realiza Morena está la de sus gobernadores, empezando por la organización de diferentes eventos en sus estados, ¿quién costea la movilización, los famosos lonches, recintos, producción y publicidad en las diferentes entidades?, así como el respaldo ilegal a su corcholata favorita para, de esta forma, incidir en la opinión pública de sus estados.

Por otro lado, otra de las medidas a las que deberán acotarse las corcholatas es la de no hablar con “medios reaccionarios conservadores, adversarios de la 4T y partidarios del viejo régimen”, es decir, solamente pueden hablar con los medios cooptados por la Presidencia de la República. Esto es otra ilegalidad, pues están acotando la libertad de expresión de los aspirantes a la contienda y el derecho de los ciudadanos a ser informados.

Esto nos hace cuestionarnos, ¿a qué le tienen miedo?, ¿por qué no debatir y confrontar ideas?, ¿acaso les preocupa que los mexicanos conozcan lo que esconden debajo de la cama? Porque no conocer qué fue lo que paso en la Línea 12 del Metro, la situación de inseguridad en Zacatecas, los migrantes en la frontera, su situación patrimonial, su opinión sobre las obras emblemáticas del Presidente de la República, si en su mandato seguirán siendo aliados de países como Nicaragua o Rusia, los actos de corrupción que se reportan de esta administración, si seguirá la política de abrazos no balazos, entre muchos otros temas relevantes para los ciudadanos.

Mientras tanto, la oposición callada, sin definir sus métodos, pero, sobre todo, enredada en la repartición de cuotas y compromisos de las más de mil candidaturas que estarán en juego en el 2024.