Una mala autonomía universitaria

Las muestras de solidaridad con el dolor de los padres de familia y con la pronta recuperación de sus hijos, no deben verse reducidas a un triste capítulo de la vida estudiantil. Por el contrario, la gravedad de los hechos requiere llevarnos como sociedad a un debate amplio sobre la naturaleza y los límites de la autonomía universitaria, si queremos que esa casa de estudios deje de ser concebida por delincuentes como suelo fértil para la impunidad.

Las propias crónicas periodísticas dan muestra de la urgencia del debate. ¿Cómo es posible que durante más de 30 minutos, los jóvenes manifestantes hayan recibido puñaladas, ataques con rocas y bombas caseras por parte de una veintena de porros, sin que ello motivara la intervención de una sola autoridad de la UNAM para poner fin a las agresiones? ¿Por qué grupos de choque operan con toda “normalidad” en ciudad universitaria y sus bachilleratos, intimidando a estudiantes e incidiendo en decisiones que debieran corresponder de manera exclusiva a la planta académica? ¿Es Auxilio UNAM el instrumento adecuado para garantizar la seguridad de los estudiantes, cuando sólo ha mostrado de manera sistemática omisión e inoperancia frente a la delincuencia?

Sin duda, la Universidad Nacional debe disfrutar la autonomía de la que goza toda casa de estudios de nivel superior. La razón social que da vida a las universidades se cumple en la plena libertad de cátedra, en la capacidad autónoma para definir sus programas de estudio e investigaciones científicas, así como en su mayor difusión cultural. Más aún si, en perspectiva con la historia de nuestro país, las universidades mexicanas han enfrentado el carácter autoritario de regímenes de partido único, a quienes en distintos momentos les resultó incómodo estas islas de activismo democrático y generación de conocimiento.

Sin embargo, el ejercicio de las libertades académicas sólo puede darse en condiciones propicias y, en el caso de la UNAM, la concepción actual de “autonomía” ha quedado por demás a deber. ¿Qué grado de libertad puede haber cuando la autoridad universitaria ha sido incapaz siquiera de recuperar en casi dos décadas el control del auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, el más grande y uno de los recintos más simbólicos de ciudad universitaria? ¿Podemos estar satisfechos de una autonomía que, de manera creciente, se traduce en represión a estudiantes, asalto, homicidio y narcomenudeo al interior de la UNAM?

En ningún sentido la autonomía puede confundirse con seguridad pública. A los directivos de facultades y maestros corresponde la definición de los asuntos vinculados a la enseñanza, mas no la titularidad de la seguridad de la comunidad en las zonas aledañas a donde imparten cátedra. Sería por demás difícil encontrar un caso similar en el mundo, donde las vialidades y plazas públicas de una ciudad universitaria se encuentren prohibidas para la actuación de la policía civil y bajo resguardo de un sindicato de trabajadores, con escasas capacidades técnicas e incentivos profesionales para cumplir su importante labor, como lo es Auxilio UNAM.

Bajo la concepción actual de autonomía, resulta paradójico que en un primer momento los directivos de la UNAM se opongan al patrullaje y actuaciones de la autoridad civil —sea esta federal o local— dentro de Ciudad Universitaria para preservar el orden, mientras en uno segundo, como consecuencia de la violencia observada en el campus y la indiferencia de Auxilio UNAM, les exijan a las mismas autoridades constitucionales la captura de los presuntos responsables y su presentación ante las instancias de procuración de justicia, cuando estos hechos no sólo podrían atenderse, sino prevenirse de origen por los mecanismos institucionales adecuados.

Un buen comienzo debiera ser el considerar las vialidades internas, las extensas zonas naturales, el Estadio Olímpico Universitario y el Centro Cultural Universitario como áreas sujetas a la jurisdicción de las instituciones de seguridad pública, dejando el resguardo de los edificios destinados a la enseñanza e investigación a un nuevo organismo universitario mejor capacitado, dependiente de la Rectoría e integrado por personal de confianza —sin atadura a la estructura sindical— que posibilite ampliar su efectividad y rendición de cuentas. Así, la concurrencia de competencias podría ser un factor que inhibiera la entrada de delincuentes a la UNAM. Sólo con la puesta en marcha de un renovado modelo, lamentaremos menos la pérdida de bienestar social y vidas humanas en CU.