Silencio para unos, linchamiento para otros

Hoy, el Congreso de la Unión vive una contradicción tan evidente como preocupante. El oficialismo no permite que existan voces opositoras que hagan públicos los casos de corrupción o involucramiento de personajes de la plana mayor de Morena con el crimen organizado. La semana pasada, la senadora Lilly Téllez fue objeto de un linchamiento político y mediático por atreverse a pedir que se investigue a Adán Augusto López, todavía coordinador de Morena en la Cámara alta. Lo que debió ser un planteamiento legítimo en el marco de la rendición de cuentas, se transformó en un escarmiento público, orquestado desde las filas del partido gobernante.

No es menor el nivel de ataques que ha recibido Téllez. Durante la sesión de la Comisión Permanente se atrevió a señalar en voz alta: “A unos metros de mí está el líder de un cártel, protegido por Sheinbaum”. La escena fue transmitida en redes sociales y terminó con la huida silenciosa de Adán Augusto, quien evitó responder preguntas de la prensa. Lejos de abrir un debate serio, el oficialismo reaccionó con insultos. Gerardo Fernández Noroña ironizó con que había “una persona legisladora con problemas domésticos… anda buscando una barredora”. Más grotesco aún fue el comentario de Yeidckol Polevnsky, exdirigente de Morena, quien pidió “traigan un psiquiatra, una camisa de fuerza”. Expresiones más cercanas a una afrenta personal que a un debate parlamentario, que evidencian el desprecio hacia la libertad de expresión en el Congreso.

Lo contradictorio es que cuando las denuncias de corrupción rozan, aunque sea de manera mínima, a personajes vinculados con Morena, los temas simplemente no caminan en el Congreso. Expedientes congelados, comisiones sin convocatoria, todo un entramado para blindar a quienes forman parte del círculo político del partido en el poder. En cambio, cualquier señalamiento contra la oposición, aun sin pruebas, se magnifica hasta convertirse en escarnio nacional, con la complicidad de voceros y afines al oficialismo.

Ahí están los ejemplos recientes. Nunca se transparentaron los gastos del hijo del expresidente, en su viaje a Japón, realizado con recursos y logística de Estado, un signo más de opacidad en un partido que presume ser austero. Morena, además, rechazó la creación de una comisión para investigar el rancho Izaguirre, pese a las pruebas, dudas públicas e investigaciones sobre su origen y funcionamiento; qué decir de las denuncias en torno a Hernán Bermúdez y el propio Adán Augusto, que se topan con un muro de silencio en el Congreso, protegidos por la mayoría oficialista.

El caso de Segalmex, con miles de millones de pesos desaparecidos, los desfalcos en programas sociales, contratos inflados en obras emblemáticas y las denuncias por enriquecimiento inexplicable de legisladores morenistas parecen borrarse de la agenda legislativa con una facilidad insultante. En contraste, basta con que un opositor o un ciudadano de a pie exprese una opinión y/o crítica para que se active un mecanismo de linchamiento público en tribuna, así como en redes sociales.

Conviene recordar que en el Congreso reside una de las conquistas democráticas más importantes: la libertad de expresión bajo el amparo del fuero político. No se trata de un privilegio, sino de una garantía para que las y los legisladores puedan hablar, denunciar y proponer sin miedo a represalias. Esa es la base de un parlamento libre: que cada voz, incluso la que incomoda, tenga cabida en la discusión pública. Pretender acallar a quienes piensan distinto, además de ser un atropello personal, es un retroceso institucional.

El episodio contra Lilly Téllez debería encender las alarmas no sólo por la violencia verbal y simbólica de la que es objeto, sino porque demuestra cómo Morena utiliza su mayoría para convertir el Congreso en un espacio de sumisión y obediencia, en lugar de mantenerlo como la arena de pluralidad que México necesita. En un país democrático, ninguna senadora o senador debería ser callado, mucho menos por exigir transparencia y rendición de cuentas.

El verdadero escarmiento no es el que vive la oposición en redes sociales por atreverse a hablar, sino el que sufre la ciudadanía al ver que el poder se utiliza para proteger a los cercanos y exhibir a los críticos. La política mexicana atraviesa por un momento en el que la libertad de expresión está bajo acoso, y el Congreso, en vez de defenderla, parece dispuesto a encenderla desde dentro.