Si te vienen a contar cositas… manda a todos a volar…

En México, pareciera que las acusaciones, las denuncias públicas e, incluso, los señalamientos de autoridades extranjeras se topan con un muro de impunidad cuando los protagonistas forman parte de Morena. Existe la impresión de que un manto protector cubre a gobernadores, legisladores y operadores políticos del partido en el poder, blindándolos frente a cualquier intento de investigación seria. Esa percepción no es gratuita, los ejemplos abundan y la falta de consecuencias es escandalosa.

Basta observar lo que ocurre en Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, entre otros. En muchos de estos estados, los gobernadores han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Hoy, Tabasco enfrenta acusaciones muy graves publicadas en medios de comunicación que acusan al senador Adán Augusto López de estar vinculado con La Barredora y de haber originado la época más violenta que ha vivido en ese estado; en Sinaloa, no sólo voces opositoras, sino la propia Jocelyn Hernández –una de las fundadoras de Morena– ha señalado que acusan la existencia de lazos criminales entre la clase política y el crimen organizado.

Sin embargo, esas afirmaciones se disuelven en el aire; no hay carpetas de investigación, no hay indagatorias, no hay pronunciamientos de la Fiscalía. Todo se reduce a declaraciones, investigaciones mediáticas, así como señalamientos que nunca se traducen en responsabilidades legales. Por mínimas que fueran las acusaciones, las autoridades deberían estar obligadas a darle seguimiento por oficio.

El caso de Tamaulipas refleja lo mismo. Las acusaciones contra el gobernador han circulado desde distintos frentes, incluso con reportajes periodísticos que documentan operaciones irregulares vinculadas con el huachicol y hacen señalamientos sobre alcaldes y miembros de su gabinete, sumado a la desaparición de dos marinos que fueron vistos por última vez con el gobernador, y el exsenador José Narro Céspedes. Aun así, la inercia de las instituciones prevalece; silencio oficial, ausencia de procesos judiciales, así como la impresión de que mientras se pertenezca al círculo morenista, el riesgo de enfrentar a la justicia es nulo.

El problema no se limita a los estados. En el Congreso, algunos diputados federales han sido señalados por enriquecimiento inexplicable. No obstante, estos señalamientos no escalan más allá del comentario en pasillos o la nota periodística. No hay sanciones administrativas, no se abren auditorías. La Cámara de Diputados, dominada por la mayoría oficialista, se convierte en un espacio de protección corporativa más que en una institución de contrapeso.

La opacidad alcanza niveles internacionales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso sanciones financieras a una facción del Cártel de Sinaloa, y en esa lista aparece Alfonso Romo, jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador, así como la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown. Para cualquier sistema democrático consolidado, ese sería un escándalo mayúsculo que obligaría a una investigación inmediata, a deslindes claros, procesos de desafuero. En cambio, en las mañaneras se justifica e incluso se dice que en México no existe nada relacionado con las investigaciones de Estados Unidos. Ningún comunicado de la Fiscalía, ninguna comisión de investigación en San Lázaro, ningún esfuerzo institucional por esclarecer la situación.

El caso se agrava cuando se sabe que en Baja California, el propio director de Infraestructura Educativa del gobierno estatal es socio de una de las empresas señaladas por el Tesoro estadunidense de estar vinculadas al crimen organizado –ese estado en el que a la gobernadora y a su esposo les fueron retiradas sus visas–. No se trata únicamente de algunos gobernadores, figuras legislativas, así como funcionarios con cargos administrativos dentro de gobiernos estatales, aun así, permanecen en sus puestos, como si nada pasara.

El contraste es brutal; mientras en el extranjero se documenta y sanciona la participación de actores ligados al crimen organizado, dentro del país las instituciones parecen empeñadas en mirar hacia otro lado. El mensaje que se transmite es devastador para la credibilidad del Estado mexicano, no importa las pruebas o señalamientos, mientras seas parte del partido gobernante, la justicia no te tocará.

Hoy México vive el mayor acto de corrupción en su historia y esto se debe a la colusión entre Morena y el crimen organizado; para muestra un botón: 170 mil mdp de ganancias ilegales por el huachicol.

La narrativa oficial insiste en que Morena representa la regeneración de la vida pública y la transformación moral del país. El partido en el poder no sólo se protege a sí mismo, sino que genera un clima en el que la corrupción y la colusión con el crimen no tienen consecuencias. Si hoy ya estamos así, imagínense lo que va a pasar con el nuevo Poder Judicial en sus manos.

Así, se instala una peligrosa certeza en México, cuando se trata de Morena, nunca pasa nada.