Seguridad sin guardia

Las encuestas difundidas por los medios de comunicación son contundentes en reflejar el estado de indefensión en el que se siente la ciudadanía frente a la persistente acción del crimen organizado e incidencia delictiva del orden común. No es algo nuevo, pero sí cada vez más marcado. Prácticamente en las todas las entidades federativas del país, la principal preocupación social que se consolida en los últimos años es la inseguridad pública, lo cual podría ser una conclusión natural de percibir un agravamiento sostenido del problema en sus respectivas comunidades, un sentimiento fundado de que no habrá mejoras en el corto plazo, así como una reprobación a la estrategia desplegada por las dependencias federales.

Si bien la seguridad pública es un área sensible que compete a los tres órdenes de gobierno, en los hechos, las dependencias del gabinete de seguridad federal se han posicionado como las principales responsables de resolverla. Por un lado, debido a la imposición de criterios de política pública que desplazaron a las autoridades estatales y municipales, restringiendo sus posibilidades de escalamiento de capacidades y reforzamiento de sus corporaciones. Basta recordar acciones como la desaparición del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios, la cual dejó sin más de 4 mil millones de pesos anuales a instituciones locales para la adquisición de equipo, tecnología y aplicación de controles de confianza. Sumados a otros recortes considerables a las transferencias estatales, avalados desde las bancadas de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados; mismos que agudizan la disponibilidad de recursos en acciones sociales que mitigan los riesgos asociados al caldo de cultivo de la delincuencia.

Por el otro, la imposición desde el centro de mecanismos como las mesas de coordinación de las que su utilidad se sabe muy poco. Principalmente porque refieren de cajón en los discursos de autoridades federales y estatales en momentos de crisis o en las quejas de la Federación cuando los gobernadores se ausentan de ellas, pero hasta ahora se desconocen los grados de libertad que tienen gobernadores y munícipes para plantear sus propias políticas —y ser apoyados en esa voluntad soberana—, porque el posicionamiento central siempre refiere a las acciones de despliegue de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Posicionamiento que, por cierto, a poco más de la mitad del sexenio no termina de clarificar a cabalidad en qué consiste la estrategia de seguridad, más allá de los abrazos y no balazos.

Sin duda, tanto el Ejército como la Marina tienen un rol fundamental en preservar la seguridad interior, pero por el delicado estado de la seguridad pública y las consideraciones antes expuestas, es claro que sus efectivos merecen ser acompañados de la corresponsabilidad a la que obliga la Constitución a las autoridades y corporaciones civiles. En especial cuando, a pesar de los despliegues territoriales de la Guardia Nacional, el crimen sigue organizando bloqueos que paralizan ciudades completas o extorsionan a pequeños y medianos comerciantes en las más diversas actividades productivas, sin olvidar que la delincuencia común sigue al acecho en los hogares y transportes públicos.

Por la falta de resultados convincentes, es desconcertante que el gabinete de seguridad federal insista en caminar en la misma vía de política pública, con la adscripción de la Guardia Nacional a Sedena. Primero, por los reiterados cuestionamientos al apego a la legalidad de esta iniciativa, que no sólo vienen desde los segmentos críticos u opositores al gobierno. El propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, es claro en señalar que la decisión no está del lado del Estado de derecho ni del sistema constitucional.

Igual de grave es que a la falta de decoro legislativo al que ya nos tienen acostumbrados los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, ahora se conozca el uso de recursos públicos y de consultores especializados desde el poder público —como sostiene el mismo senador— para atacar en lo personal a quienes disienten del previsible atropello a la Constitución que significa la aprobación de la iniciativa de ley. La descalificación y el insulto podrán dominar en las redes sociales, pero el modelo de hacer de la Guardia Nacional un cuerpo supeditado a la Sedena no se salvará de ser evaluado y muy seguramente rectificado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras la estrategia de la polarización mantiene su juego activo, los mexicanos seguimos sin un modelo de seguridad apegado al marco constitucional y sin certidumbre de esfuerzos corresponsables, sostenidos y crecientes que abonen a la tranquilidad de las comunidades asentadas a lo largo del territorio nacional. Así, la seguridad seguirá sin guardia que le ampare.