Relación bilateral a la deriva

Las inspecciones adicionales a los camiones provenientes de México, impuestas de manera unilateral y arbitraria por el gobernador texano Greg Abbott, en nada se relacionan con un tema de seguridad fronteriza, como las intenta justificar. Muy por el contrario, estas medidas generaron incertidumbre en el suministro de las cadenas de producción, altos costos económicos al comercio, alzas de precios para los consumidores finales y escasez de productos, sin que trajeran en paralelo logro alguno relevante en el renglón de disminuciones del tráfico ilegal de personas y sustancias.

Prueba de ello es que, de acuerdo con la Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa, tan sólo en el puente internacional Pharr-Reynosa las empresas, en ambos lados de la frontera, registraron pérdidas del orden de los 7 millones de dólares al día. Asimismo, la Asociación Estadunidense de Camioneros criticó al gobernador Abbott por la imposición de revisiones innecesarias que duplican los distintos filtros de seguridad aduanal y mecánica puestos en práctica por años —los cuales, sin estas inspecciones adicionales, les toma hasta cuatro horas a los camioneros completarlos. Ello, a la vez de ser una acción que se suma a otras barreras a la eficiencia de las operaciones en las ya de por sí afectadas cadenas de suministro.

Sin embargo, para el mandatario texano no hay costo económico que valga cuando de alcanzar su reelección se trata. Sabe que su futuro político está en juego en las elecciones de noviembre y busca pavimentar su victoria a partir de medidas con fuerte carga racista, en una especie de apego a la estrategia Trump, acusando a México de ser expulsor de inmigración ilegal y fuente de contrabando de drogas. Por eso impuso las inspecciones adicionales a nuestros camioneros, como también escaló inversiones públicas sin precedentes de mil millones de dólares para desplegar mayor tecnología, policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera, con el objetivo de aumentar el encarcelamiento de migrantes. Asimismo, anunció la construcción de segmentos adicionales del muro fronterizo con una inversión inicial de 250 millones adicionales.

Una política pública xenófoba con notorias dosis de hipocresía, porque el gobernador Abbott acusa, sin razón legítima, a México ante sus electores, pero deja en la impunidad a quienes contratan mano de obra sin permiso de trabajo y a quienes trafican drogas en territorio texano, a pesar de todos los “activos de seguridad aérea, terrestre, marítima y táctica” presumidos por la oficina del mandatario en fuentes abiertas para recolectar o explotar información vinculada con la actividad de “cárteles, contrabandistas y traficantes de personas” en ese estado de la Unión Americana bajo el paraguas de la Operación Lone Star. Toda una estrategia sustentada más en dichos mediáticos que en alcances reales, orientada a conseguir la victoria electoral frente a un Partido Demócrata que no termina de ser convincente en la conveniencia de su política migratoria.

Cierto es también que las incongruencias no se quedan de manera exclusiva en el lado texano. En nuestro país, después de que la Federación tomara decisiones que se leyeron como apoyo electoral a Donald Trump en la elección de 2020, y tras el reciente control de daños en el intento de desconocer los derechos adquiridos de empresas extranjeras de energía con los decretos e iniciativas de reformas al sector planteadas ante el Congreso, el gobierno federal ha intentado vender una relación bilateral fluida y sin fracturas con Estados Unidos, cuando ésta claramente no se encuentra en los mejores términos.

Prueba de ello es que fueron los gobernadores mexicanos cuyos estados colindan con Texas, y no la Federación, quienes consiguieron poner punto final —o al menos en forma temporal— a los exabruptos del gobernador Abbott, mediante el establecimiento de mesas de negociación y firmas de convenios a nivel estatal que consiguieron regresar los bienes de exportación producidos en nuestro país a sus flujos habituales. En este marco, los mandatarios de Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas mostraron la voluntad proactiva de compartir información, instalar retenes, fomentar el uso de tecnología y aumentar la presencia de las corporaciones locales de policía, a fin de tanto fortalecer las condiciones de seguridad como de controlar el creciente flujo de migrantes que se trasladan no sólo de sur a norte, sino desde otras regiones en conflicto, como son Ucrania y Rusia. Esto a cambio de detener las inspecciones adicionales.

Esta situación pone en tela de juicio la efectividad de la Guardia Nacional. Institución utilizada para impedir el libre tránsito de migrantes hacia Estados Unidos, como resultado del chantaje del entonces presidente Donald Trump, quien amenazó con la imposición de medidas comerciales que afectaran las cadenas productivas de nuestro país. Lo peor es que esta relación bilateral a la deriva sólo puede tender a los escenarios menos positivos, si se considera que la migración va al alza y rompió récord en los últimos 20 años, con un total de 210 mil detenciones en marzo de 2022, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.