Reformas y cortinas de humo

El gobierno insiste en una nueva reforma electoral, misma que nadie pidió, no es prioritaria ni mucho menos necesaria. Lo que sí hay es una nueva imposición para erradicar al único órgano que no es parte del poder. Esta iniciativa huele a cortina de humo para desviar la atención de casos que deberían estar sacudiendo al país, como las responsabilidades de Adán Augusto López en el gobierno de Tabasco y sus presuntos nexos con el grupo del crimen organizado llamado La Barredora, los cuales han sido señalados por los medios de comunicación.

La propuesta de reforma electoral que viene promoviendo Morena debería centrarse en erradicar la injerencia del crimen organizado en las elecciones, un problema que hemos estado observando de manera cada vez más evidente en distintos procesos y regiones del país. Antes de cambiar las reglas del juego para favorecer intereses políticos, lo urgente es garantizar que la voluntad ciudadana no sea distorsionada por el dinero, las amenazas o la operación directa de grupos criminales.

Morena evita a toda costa y evade cuando se le cuestiona sobre los nexos del crimen organizado en las campañas políticas de sus candidatos. Mucho menos está dispuesto a abrir o desahogar carpetas de investigación al respecto. Ahí está el testimonio, revelado por un medio de circulación nacional, en el que una de las fundadoras de Morena reconoció que se entregaban maletines repletos de efectivo para financiar las campañas de Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, ahora gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente; a su vez, el caso de Tamaulipas en 2022, cuando el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección a gobernador a pesar de las evidencias sobre la intromisión del crimen organizado y la violencia generalizada, alegando que no fueron determinantes para invalidar el proceso electoral.

Ese es el verdadero riesgo para la democracia, la infiltración de recursos ilícitos y estructuras criminales en campañas políticas.

Aunque, hasta el día de hoy, no existe una propuesta concreta en la mesa de la reforma electoral, se han filtrado dos obsesiones: la elección por voto popular de los consejeros electorales y, por otro lado, la eliminación de los legisladores plurinominales. En primera instancia, deberían analizar los resultados de su elección judicial, la cual fue un rotundo fracaso, con baja participación y un severo desaseo en la organización, lleno de trampas.

Por su parte, la eliminación de los plurinominales es especialmente peligrosa porque destruye la esencia de la reforma política de 1977, cuyo objetivo fue equilibrar las fuerzas en el Congreso para garantizar que la oposición tuviera voz. En aquel entonces se entendió que la pluralidad fortalecía al país. Hoy, con la aplanadora morenista, censuran, intimidan, amedrentan, denostan a la oposición y aprueban todas las iniciativas presidenciales sin cambiarles una sola coma.

Mientras el gobierno empuja una reforma innecesaria, se consolida un escenario donde la democracia se convierte en rehén de intereses oscuros. En ese juego, la seguridad y la política electoral están peligrosamente entrelazadas; las organizaciones criminales aportan dinero y logística a las campañas; los ganadores, ya en el poder, pagan favores con impunidad. Curiosamente, los estados gobernados por Morena son los que más alza de inseguridad tienen.