Que Chiapas nos pase la receta

En ellas, será desconcertante para los mexicanos el caer cada vez más en cuenta del valioso tiempo perdido, provocado por las autoridades federales de salud. Porque a quienes pidieron estar al frente del manejo de la pandemia difundieron medidas de distanciamiento social que no pasaron del discurso oficial, permitiendo que, ante la falta de apoyos a pequeños y medianos negocios, la gente siguiera —por necesidad o irresponsabilidad— desarrollando actividades.

A la postre, no terminaron de salvar el ritmo de la economía, como tampoco evitaron la pérdida de la vida de un importante número de personas que vivían con condiciones de diabetes, obesidad y sobrepeso; mismas que fueron expuestas al contagio de manera innecesaria, al carecer de los medios y la información suficiente para modificar sus rutinas a tiempo. ¿El resultado final de las deficientes intervenciones de la autoridad? Ni bienestar ni salud colectiva.

Si en un principio se presumían como parte de los grupos de trabajo conformados por expertos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para el manejo del covid-19; en días recientes la representación de este organismo multilateral en México definió como “atroz” el que nuestro país alcanzara los 102 mil lamentables fallecimientos y el millón de contagiados. Contabilidad que, por cierto, tiene subregistro, si se recuerda que el exceso de mortalidad de 2020 es 37% mayor en comparación con el año anterior, de acuerdo con cifras oficiales.

Y es que en ello no sólo hay indicios de una labor institucional desaseada en retrospectiva, sino la ausencia total de un mecanismo que dé certidumbre ciudadana del estado real de la situación en el corto plazo, a partir del cual puedan tomar previsiones adecuadas y actuar en consecuencia. El ejemplo más notorio es el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Un semáforo cuya metodología no fue consultada con mandatarios estatales ni presidentes municipales de las ciudades más pobladas del país, sino diseñado para dar margen a la opacidad y posible manipulación con fines políticos en el cierre o la apertura de actividades económicas —como en su momento denunció el gobernador de Jalisco, cuestionado de origen por la disparidad de información entre las estadísticas reportadas por las autoridades estatales y lo finalmente consignado por la Secretaría de Salud—; hoy, dicho semáforo mantiene dos entidades en verde: Campeche y Chiapas.

Sin embargo, llama la atención, dado que no sólo en los países en desarrollo sino hasta en las economías más avanzadas es por demás sabido que la pandemia profundizó las desigualdades al afectar primordialmente a las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, ayer, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, señaló que las comunidades indígenas están reportando una de las mayores crecidas de casos en esta temporada del año y llamó a fortalecer las medidas para evitar la propagación de contagio.

De ahí que, cuando menos, resulte extraño que Chiapas se encuentre en semáforo epidemiológico verde. Una entidad que no sólo tiene una importante composición indígena, sino que, además, registra el Índice de Desarrollo Humano de la ONU más bajo del país; que cuenta con apenas 286 camas y 137 ventiladores repartidos en 12 clínicas de cuidados respiratorios para 6 millones de chiapanecos, lo cual ha obligado a los enfermos a sortear la enfermedad desde sus casas; y cuya población está obligada a salir diariamente a buscar su sustento, dado que más de la mitad de ella no percibe un ingreso que alcance a cubrir sus necesidades alimentarias más básicas, según el Coneval. Condición de marginación que los expone a las cadenas de contagio.

Hoy no sabemos la receta mágica desplegada en Chiapas para estar, junto con Campeche, en semáforo verde, como tampoco tenemos claro en el resto del país la magnitud de los costos sociales y económicos que habremos de pagar como resultado de la mala gestión de la pandemia.