Paralelismos electorales

Sin dejar de lado las particularidades de los sistemas electorales de cada país, resulta inquietante que los segmentos más duros del Movimiento Regeneración Nacional estén decididos a caminar en el mismo sentido que las bases más radicales del expresidente Donald Trump. Esto al compartir la búsqueda de una serie de reformas al marco legal bajo cualquier costo político, sin evidencia objetiva ni legítima para desvirtuar procedimientos que, hasta la fecha, han probado imparcialidad democrática.

Morena y el trumpismo corren en avenidas paralelas porque han impulsado el desmantelamiento de los sistemas electorales en ambos lados de la frontera y el cuestionamiento a ultranza de la amplia gama de autoridades que los encabezan, a pesar de que reiteradas y nuevas acusaciones hacen agua al contrastarlas con la contundencia de los datos públicos y las resoluciones de los tribunales.

Más agraviante resulta la confrontación generada desde distintas instancias de poder público en el caso de nuestro país, porque la base de credibilidad del sistema está sustentada no en el Instituto Nacional Electoral, sino en millones de ciudadanos insaculados que, de manera responsable e íntegra, instalan elección tras elección los centros de votación y contabilizan con transparencia los votos que definen a los ganadores de las contiendas en los tres órdenes de gobierno. Así, el intento de descrédito no termina siendo del todo en contra de los consejeros electorales, sino de los amplios segmentos poblacionales que han formado parte activa y desinteresada de los procesos de renovación democrática de sus autoridades, en los cuales, por cierto, Morena ha resultado recientemente el ganador más frecuente.

El trumpismo y el Movimiento Regeneración Nacional caminan en el mismo sentido, también porque las reformas planteadas en Estados Unidos y México tienen como propósito el obstaculizar el ejercicio del derecho ciudadano a votar, con el presumible interés de sesgar votaciones de origen y, en consecuencia, de tener un mayor control sobre la evolución de los posibles resultados electorales.

En el caso de Estados Unidos, una veintena de sus estados, en los que se ubican bases de corte trumpista del Partido Republicano, desde los primeros meses del año pasado hasta ahora han endurecido los requisitos a los ciudadanos para acceder a la boleta electoral y que su sufragio sea contabilizado, como consecuencia de diversas reformas motivadas por los mitos del supuesto fraude en la contienda presidencial de 2020. Dichos políticos de falsedad probada, pero que, peligrosamente, están alterando las reglas del juego democrático.

Entre ellas, las de prohibir la ampliación de garantías legales a los observadores electorales para supervisar las elecciones sin mayores restricciones de corte administrativo, el acortamiento de los periodos de solicitud de voto por correo, los incrementos en los requerimientos de identificación del votante, la reestructuración de juntas electorales que terminan marginando la representación de minorías, así como la habilitación de procesos de investigación electoral con base en motivaciones políticas.

En México, los especialistas electorales han subrayado que el paquete de reformas —aprobadas de manera cuestionable por la Cámara de Diputados— imponen un rediseño de la autoridad electoral que impide condiciones de realizar elecciones libres y confiables en el país. Ello porque, de avalarse estas reformas en el Senado, la Secretaría de Gobernación tendría control del padrón electoral, el INE vería reducido sustantivamente su margen de maniobra para sancionar actos que atentan contra la equidad de la contienda o para fiscalizar los recursos financieros ejercidos en las campañas; además de que el marco regulatorio favorece la impunidad de la celebración de actos proselitistas por parte de funcionarios públicos.

Lo grave es que la muerte a la equidad democrática planteada en el paquete de reformas electorales aprobadas por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados es acompañada por un procedimiento parlamentario que viola, a la vista de todos, el debido proceso. Al igual que el trumpismo, el grupo parlamentario de diputados del partido oficial pretende tomar por asalto el Congreso para imponer, al margen de lo marcado en la Constitución, un marco normativo bajo el cual controlen la sucesión presidencial de 2024. Ojalá que, al igual que en la elección que llevó a Joe Biden a la presidencia, el electorado con su voto le cierre la intentona autoritaria que desde el oficialismo se despliega.