No sólo es tarea del gobierno
Es cierto, el reclamo de las mujeres contra los gobiernos para cambiar de tajo las condicionesque propician la violencia en su contra es por demás legítimo. Esto debido a que son escasoslos logros en el fortalecimiento institucional de los canales de apoyo preventivo, de la celeridadcon la que son atendidas las denuncias cuando éstas llegan a presentarse.
En años recientes se ha visto en México un crecimiento significativo de las diversas formas de violencia y, entre ellas, las expresiones más agraviantes para la sociedad entera refieren a las que sistemáticamente están expuestas las mujeres. Ello, porque las condiciones bajo las cuales se cometen agresiones que ponen en riesgo tanto su vida, como su integridad física o tranquilidad reafirman que la seguridad de las mujeres sigue sin tener cabida en los entornos más íntimos, además de que carecen de una red mínima de protección institucional o comunitaria que les prevenga con oportunidad de ser víctimas.
El problema es grave y el sentido de las percepciones ciudadanas está lejos de explicarse tan sólo en la cobertura otorgada por los medios de comunicación. Las legítimas preocupaciones nacen de un mapa mucho más extenso y complejo de incidencia delictiva, el cual se ilustra con toda contundencia en el más reciente reporte trimestral elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la violencia contra las mujeres. Aquí algunos botones de muestra para reflejar la magnitud del reto.
Si se comparan los feminicidios registrados en 2015, con el promedio de los años que van de 2019 a 2021, estos delitos se han más que duplicado al pasar de 412 a 957 y en números absolutos destacan territorialmente el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca.
En cuanto a mujeres víctimas de homicidio doloso, la tendencia es muy similar porque pasa de 1,734 mujeres asesinadas en 2015 a un promedio de 2,800 en los últimos tres años.
Estados como Colima, Baja California, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Morelos, entre otros más, se encuentran por encima de la media nacional.
Y la violencia familiar también registra alzas notorias en la comparación entre los mismos periodos, al pasar de 127,424 a 227,985; mientras el resto de los delitos siguen tendencias muy similares o bajas poco significativas. En este abanico de conductas ilícitas, cabe resaltar, sobran los dedos de una mano para contar los estados con condiciones mínimas de seguridad.
Es cierto, el reclamo de las mujeres contra los gobiernos para cambiar de tajo las condiciones que propician la violencia en su contra es por demás legítimo. Esto debido a que son escasos los logros en el fortalecimiento institucional de los canales de apoyo preventivo, de la celeridad con la que son atendidas las denuncias cuando éstas llegan a presentarse, así como de los programas para favorecer el cambio cultural —especialmente— en perfiles de hombres con factores que tienden a la agresión.
Sin embargo, es preciso reconocer que no todo está en la esfera gubernamental para garantizar seguridad a las mujeres.
La experiencia internacional exhibe mecanismos que amplían los márgenes de protección al involucrar a instancias privadas y sociales que tienen contacto cotidiano con ellas. Por ejemplo, ante sospechas de violencia de género —así la víctima se niegue a aceptarla o, aun haciéndolo, su vida no se encuentre en peligro extremo—, los médicos siguen protocolos claros para reportar maltratos ante la autoridad. Alertas que se acompañan de valoraciones específicas, apoyos en términos de albergue y otros gastos, así como el inicio de acciones legales de oficio en contra del agresor.
Por otro lado, en espacios educativos, centros públicos y oficinas: se capacita a niños, jóvenes y hombres en materia de prevención de violencia de género; se enseñan habilidades de relaciones afectivas seguras y saludables; así como se promueven mejoras en los climas laborales mediante políticas adecuadas para la participación y desarrollo de la mujer. Esto, además de intervenir con mayor incidencia a población en riesgo.
Cabe señalar que en aquellos casos donde la violencia ha, lamentablemente, ocurrido, la víctima no es abandonada sino acompañada con servicios centrados en ella y sus familiares, como programas de vivienda, asesoría jurídica y tratamientos médicos o sicológicos.
Sin duda, la violencia de género requiere gobiernos responsables, pero esto por sí solo es insuficiente. La seguridad de niñas, jóvenes y mujeres requiere de la participación de nosotros, requiere de la participación de todos.