No a la Ley Maduro

La reforma electoral que pretende impulsar Morena no es sólo más que el paso a paso de lo sucedido en Venezuela. Aunque no se conoce el contenido exacto de la iniciativa que se está redactando desde Palacio Nacional y se discute entre los círculos más altos de Morena, hoy ya existen suficientes indicios para entender hacia dónde quieren llevar la democracia y tener el control absoluto del poder.

En distintas ocasiones, políticos de Morena —empezando por su mandamás, López Obrador— han manifestado abiertamente su incomodidad con los límites y contrapesos institucionales. A lo largo de sus gobiernos, avanzaron en la captura de los Poderes de la Unión, así como extinguieron órganos autónomos como el Inai, el Coneval, la Cofece, el IFT, la CRE, la CNH, la Mejoredu, entre otros, al igual que la Fiscalía General de la República, la SCJN, así como a la presidenta consejera del INE; más claro, ni el agua, eso se llama eliminar todos los contrapesos y llevar a México a una nueva dictadura.

Se han vertido diversas declaraciones de integrantes de la Cuarta Transformación; una de ellas fue la del coordinador de la bancada de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, donde prácticamente aseveró que ya para qué querían más si ya contaban con todos los poderes, así como la del titular de la comisión presidencial de la reforma electoral, Pablo Gómez, quien afirmó que un órgano como el INE no puede ser autónomo. Más claro ni el agua, es evidente que esta administración lo único que quiere es perpetuarse en el poder.

A este escenario se suma la injerencia del crimen organizado a favor de Morena en los procesos electorales. No se trata de una hipótesis ni de especulaciones, medios de comunicación han documentado que en elecciones pasadas en las gubernaturas de Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, entre otras, hubo apoyos, violencia, ejecuciones, movilización y financiamiento del crimen organizado, tan es así que el Tribunal Electoral reconoció la participación del narco, pero salió con la irresponsabilidad de decir que nada más fue tantito y validó las elecciones. Con todo lo anterior, es claro que lo que quiere Morena en su reforma es institucionalizar los apoyos de los delincuentes.

El argumento del régimen es el mismo de siempre. Hablan de eficiencia, de ahorro y de devolverle al pueblo instituciones que supuestamente fueron secuestradas por el neoliberalismo. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando un gobierno comienza a desmontar los equilibrios institucionales bajo el pretexto de la legitimidad popular, el resultado suele ser la concentración del poder en una sola persona. La democracia no se erosiona de golpe; se desgasta paso a paso, reforma tras reforma, hasta que el margen de defensa de la ciudadanía se vuelve mínimo.

En este contexto, sería una irresponsabilidad por parte de todos los mexicanos permitir el modelo electoral que pretende este gobierno. Hoy, todos tenemos la obligación de no permitirlo, no sólo los partidos políticos de oposición; si se debilitan los contrapesos en un país donde el crimen organizado ha demostrado capacidad para intervenir en procesos electorales, el mensaje es devastador. Se deja la democracia sin defensa frente a dos fuerzas que caminan juntas: el poder político sin límites y el dinero del crimen organizado.

La democracia no sólo se defiende con votos, también requiere límites claros al poder y de instituciones capaces de resistir tanto los abusos del gobierno como la presión de los intereses del crimen organizado.

 No a la Ley Maduro.