No a la simulación proimpunidad

Morena ha puesto en marcha su siguiente etapa: desmantelar y rediseñar a su favor el sistema electoral para, así, tener el control institucional. La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no busca fortalecer la democracia, pretende someterla. El recorte al INE, la intervención al Tribunal Electoral y la reconfiguración del modelo de representación no responden a un interés técnico, sino a un cálculo político. Donde antes Morena hablaba de respeto al voto, hoy impulsa un rediseño que elimina órganos autónomos, minimiza la pluralidad y erosiona el equilibrio entre poderes.

El oficialismo no apuesta por procesos más justos ni por instituciones más sólidas. Su prioridad es conservar el poder. Para ello reescriben las reglas, nombran operadores incondicionales y desacreditan cualquier órgano que no se subordine. La narrativa es la misma: todo lo anterior está podrido.

Una reforma verdaderamente democrática no puede postergar un problema estructural: la sobrerrepresentación en el Congreso. Morena ha manipulado la ley para convertir minorías en mayorías artificiales. Prohibir el fraude de la sobrerrepresentación debería ser uno de los ejes rectores de cualquier reforma política. Sin esa corrección, cualquier propuesta electoral será una simulación más.

Tampoco puede ignorarse el desequilibrio en el Poder Judicial. Hoy, la reforma político-electoral más urgente es la contrarreforma judicial. Hay jueces sometidos, fiscales de consigna y magistrados sin independencia real. Un país sin justicia no tiene democracia funcional. Morena lo sabe, pero prefiere intervenir en el proceso electoral antes que limpiar el sistema judicial.

Uno de los ejemplos más evidentes de la manipulación institucional es Pablo Gómez, quien dejó la Unidad de Inteligencia Financiera sin rendir cuentas. Su salida fue silenciosa, negociada y encubierta. Se fue dejando una larga lista de expedientes sin resolver. Varios de ellos involucran a personajes cercanos al régimen, operadores financieros de campañas, redes de corrupción en gobiernos estatales y casos documentados por la prensa que jamás llegaron a un tribunal. En lugar de resultados, entregó filtraciones. En lugar de justicia, ofreció narrativas. La UIF dejó de ser una herramienta técnica y se convirtió en un instrumento político.

La opacidad en el manejo financiero también atraviesa a las campañas de Morena. No puede haber democracia si se tolera el huachicol fiscal que financia campañas electorales. Ese dinero sucio, canalizado a través de gobiernos estatales, sindicatos, contratos y programas sociales, fue evidente en Sinaloa, Tamaulipas y Tabasco. En estos estados, donde el crimen organizado tuvo espacio para operar electoralmente, también proliferaron operadores políticos impunes y financiamiento ilegal. La red conocida como La Barredora es sólo un ejemplo de cómo convergen corrupción, ilegalidad e impunidad en torno a un solo proyecto político.

El caso de Sinaloa es particularmente revelador. Bajo el mando de Rubén Rocha Moya, el estado ha sido escenario de una creciente descomposición institucional. Pese a los constantes llamados a reforzar la seguridad, la respuesta ha sido superficial. Cada quince días, una comitiva federal aterrizará en Culiacán para revisar la situación, lo cual es una medida que no va a resolver nada; esto será sólo hasta que el gobernador salga.

Morena no está corrigiendo el rumbo, está organizando su permanencia. Reforma las reglas, reparte las instituciones, oculta la ineficacia con movimientos en el gabinete y maquilla la crisis con declaraciones. No se trata de una transformación. Se trata de blindar un proyecto que, sin resultados, sobrevive a fuerza de propaganda.

La simulación no es una etapa del gobierno. Es su columna vertebral y, en ese modelo, la democracia se reduce, la justicia se posterga y la ciudadanía es la única que padece.