Morena y el gabinete vs. la Presidenta

El reciente envío de 29 capos mexicanos a Estados Unidos, incluidos algunos de los criminales más buscados, que ya estaban en prisión, ha generado controversia en la sociedad y en el círculo rojo de nuestro país debido a la forma en la que fueron enviados al país vecino: no es extradición, no es expulsión, dicen que fue motivo de seguridad nacional o, prácticamente, fue “a la viva México”.

Lejos de ser una extradición legal y formal, la entrega parece responder a una especie de requerimiento, de acuerdo por razones de seguridad nacional, y por las amenazas de imposición de aranceles por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a nuestro país.

Pareciera coincidencia, pero esta entrega sucede en el marco previo de la reunión del Gabinete de Seguridad y el secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, lo que sugiere un trasfondo prácticamente de “te doy una cita a cambio de” lo que fue esta lista de delincuentes, encabezada por Rafael Caro Quintero, personaje que siempre fue señalado por haber asesinado al agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985.

Sin embargo, la entrega de estos 29 narcotraficantes no resuelve el problema de inseguridad de nuestro país; es prácticamente tapar el sol con un dedo, en razón de que, hoy, los personajes que encabezan estos cárteles siguen en libertad y operando como Pedro por su casa, lo cual sigue siendo una realidad preocupante para nuestro país. Por otro lado, debemos hacer énfasis en la nula actividad del gobierno federal para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en contra de los gobernadores del partido Morena, que han sido señalados por medios de comunicación de tener nexos con el crimen organizado.

Pareciera que lo mejor para la Cuarta Transformación es seguir señalando, juzgando e imputando a gobernadores del pasado y, a cambio de eso, presumen con bombo y platillos la afiliación de personajes como Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente; en estos ambos casos, diversas plataformas de noticias han revelado pruebas muy claras de su contubernio con el crimen organizado y el financiamiento ilícito de sus campañas políticas, así como las investigaciones a diversos gobernadores, como lo son en Zacatecas, con David Monreal; en Chiapas, con Eduardo Ramírez, o en Tabasco, con Javier May. En este último estado, curiosamente, el secretario de Gobierno es el hermano del expresidente López Obrador.

El gobierno federal insiste en que la reforma judicial cambiaría a fondo el sistema judicial, así como el actuar de los jueces, pero lo que se está reflejando es aún peor, debido a que, con el método de selección de estos cargos, el cual es un fraude a simple vista, se podrá inscribir cualquier abogado que sea puesto por el crimen organizado. Pero esto no es todo, si al gobierno no le gusta o le incomoda algún personaje político de la oposición o a cualquier ciudadano, podrán juzgarlo como ellos quieran. Esto, en cualquier parte del mundo, se llama gobierno autoritario.

Si para el día de hoy el gobierno de Estados Unidos anuncia la imposición de aranceles para productos mexicanos será una catástrofe, no para el gobierno mexicano, pero sí para millones de ciudadanos, los que verán afectados sus negocios y esto es resultado de la política de seguridad de la administración de López Obrador de “abrazos, no balazos” y a las negociaciones, sumado al manejo poco profesional e ineficiente del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Hoy es momento de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sacuda a este tipo de personajes, algunos incompetentes y otros siniestros, también a quienes no son leales a sus políticas, ni mucho menos a lo que solicita, como sucedió en el caso de los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente, donde los vimos actuar en contra de lo dispuesto en la iniciativa de ley para prohibir el nepotismo, pero sí actuaron en beneficio propio.