Militares a sus funciones

El hackeo pone en una situación altamente vulnerable el curso de las operaciones para inhabilitar células criminales, la seguridad de mandos y efectivos desplegados en terreno para acrecentar la seguridad pública, el nivel de cooperación en la materia entre órdenes de gobiernos al ventilarse públicamente la sospecha de autoridades militares sobre otras civiles

México atraviesa por uno de sus periodos más críticos en materia de seguridad. En los últimos años, a la par de una pandemia que deterioró la vida y el empleo de millones en nuestro país y el mundo, prácticamente en todo el territorio nacional se ha extendido el fenómeno de una criminalidad diversificada que por igual extorsiona, trafica personas, asalta y violenta la vida de las personas.

Por citar un botón de muestra, el fin de semana pasado se vivió el más violento en lo que va del año. Tan solo en 72 horas se registraron 283 lamentables homicidios, ocurridos en al menos una decena de entidades federativas de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional de Seguridad Pública. Esta irrupción armada, entre otras preocupantes dinámicas delictivas que suelen caer en la total impunidad, es lo que mantiene el tema de la inseguridad como el principal problema público para los mexicanos en los diversos estudios de opinión.

En la demanda social por décadas insatisfecha de garantizar comunidades en paz, bien sabíamos de la debilidad estructural que domina a las instituciones locales de seguridad y de justicia; pero resulta complejo digerir que a nivel nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional haya sido vulnerada por un grupo de hackers que logró extraer seis tera bites de información reservada o confidencial por motivos de seguridad nacional.

No hay margen para menospreciar el hecho y, en cambio, requiere de acciones contundentes y corresponsables. Ello porque el acceso ilegal a información sensible exhibe no solo las vulnerabilidades de la ciberseguridad en las Fuerzas Armadas, sino es un inquietante indicador del estado que guarda la protección del resto de los sistemas digitales –previsiblemente más débiles en capacidades–, los cuales controlan bancos con millones de datos personales, la salvaguarda de las instalaciones estratégicas en todo el país e información que solo debiera bajo resguardo estricto de autoridades y reguladores. 

El golpe del grupo de hackers dado a la Sedena pega en el eje de flotación del gobierno federal, no sólo por el cúmulo de actividades que se le han asignado sin corresponder a su naturaleza armada, sino porque conforme a sus atribuciones legales y el debido planteamiento de la seguridad nacional, les corresponde la valoración de la matriz de riesgos y amenazas a la integridad del territorio, a la continuidad del funcionamiento institucional, así como a las condiciones que permiten el adecuado desarrollo de las actividades sociales y económicas.

De ahí que el hackeo pone en una situación altamente vulnerable el curso de las operaciones para inhabilitar células criminales, la seguridad de mandos y efectivos desplegados en terreno para acrecentar la seguridad pública, el nivel de cooperación en la materia entre órdenes de gobiernos al ventilarse públicamente la sospecha de autoridades militares sobre otras civiles, el perfil de la tecnología e insumos a disposición de Sedena en el combate a la delincuencia, entre tantos otros datos que pueden descarrilar la conducción de la estrategia nacional de seguridad, ya de por sí muy cuestionada por amplios sectores de la población.

Lo grave aquí es, también, que la sociedad mexicana se enteró del hackeo porque quienes lo cometieron decidieron compartirlo con los medios de comunicación, pero eso hizo nacer la duda si a la sombra existen otros hackeadores con capacidades tecnológicas similares que podrían estar accediendo a información sensible, a fin de compartirla con organizaciones criminales o grupos de poder contrarios a los intereses nacionales.

Por eso se lamenta que desde las instituciones no se promueva una conversación pública abierta que, de la mano de autoridades, legisladores y especialistas, se proponga una ruta crítica de cómo revertir la vulnerabilidad probada de nuestra ciberseguridad, así como las vías para evitar que hackeos de tal magnitud sucedan en el futuro. Quizá debiéramos comenzar por dejar a nuestras Fuerzas Armadas concentrarse en las tareas que por su naturaleza realmente le corresponden.

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