Migración y responsabilidades

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió, al inicio de su mandato, a mantener una política exterior independiente; sin embargo, unos cuantos meses después, su gobierno dio señales opuestas tras un problema sustancial con los Estados Unidos. Potencia que, ante la magnitud de los flujos migratorios y la oposición de su opinión pública a recibirlos, consiguió sin mayor dificultad de nuestro país, la interrupción de los tránsitos de personas sin documentos en suelo nacional para evitar la llegada a su territorio.

Así, puesta la soberanía como política pública en segundo plano, durante la presente administración se han acatado las constantes instrucciones que el gobierno de Estados Unidos nos reclama en materia de control migratorio, como la puesta en marcha del programa Quédate en México, medida que implementó el Gobierno de Donald Trump y, sin éxito, quiso eliminar el actual presidente Joe Biden.

Para disimular la contradicción entre el discurso y los hechos, el gobierno federal ha aseverado que México recibiría a los migrantes prometiéndoles visas de trabajo y aperturas de cuentas en el Banco del Bienestar. Programas que incentivaron a los indocumentados a buscar llegar a nuestro país, en lugar de desincentivarlos.

Hoy, la contradicción del gobierno federal es más profunda y explícita con la lamentable muerte de varias decenas de migrantes de Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, tras un incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, oficina perteneciente al Instituto Nacional de Migración, la cual depende de la Secretaría de Gobernación.

Su personal y elementos de seguridad privada, en lugar de liberar a los migrantes, al ver el fuego simplemente los abandonó a su suerte. Sin olvidar que la empresa de seguridad es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Vargas Cabrera, el cual, según reporte periodísticos, ha obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos durante la presente administración.

Lo cual nos hace cuestionarnos: si la Secretaría de Gobernación cuenta con los medios, ¿qué hace una empresa de seguridad privada resguardando instalaciones gubernamentales? ¿Dónde queda en ese tablero la Guardia Nacional?

Lo peor es el descuidado manejo de crisis. En lugar de transmitir certeza y claridad, se evaden responsabilidades, como es el caso del secretario de Gobernación, que culpó de la situación al canciller, cuando por ley las estaciones migratorias se encuentran dentro de sus facultades.

Aunado a ello, se suma la primera reacción de Palacio Nacional mediante un reproche a sus “adversarios” por dar una atención detallada del terrible incidente en la estación migratoria –acorde con la gravedad de los hechos–, entre los cuales se cuentan los medios de comunicación, culpándolos de tratar de desestabilizar sus fallidas políticas.

Este lamentable suceso demostró el trato denigrante que da el gobierno mexicano a los inmigrantes y las condiciones deplorables en los centros de migración, aunque el tono del discurso sea de paz y armonía. Ciudad Juárez prueba el rechazó y la intolerancia del régimen hacia la vida humana, al dejar a estas personas encerradas y expuestas al fuego.

El gobierno federal actúa con las mismas políticas que nuestros paisanos acusan en territorio estadunidense, caracterizadas por la xenofobia, el abuso y el uso excesivo de la fuerza. Aquí, como allá, les decimos albergues a cárceles migratorias donde dominan tratos inhumanos.

Como país superamos las expresiones institucionales más ruines contra los migrantes. Nuestra falta de política queda evidenciada a lo largo de todo el proceso, no sólo en la frontera norte: altercados en nuestra frontera sur por la clara falta de experiencia o protocolos por parte de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración para atender caravanas de gran magnitud, secuestro y extorsión por parte de organizaciones criminales, entre otras prácticas violatorias de sus más básicos derechos.

Lo sucedido hace una semana debe tener responsables y aunque se hayan girado cinco órdenes de aprehensión contra funcionarios menores, se deben de imponer sanciones ejemplares y fincar responsabilidades a los funcionarios de mayor jerarquía y que buscan deslindarse.

Nos reencontramos en este espacio el próximo 17 de abril.