Mejorar la ciudad no debería ser motivo de enojo

La Ciudad de México lleva más de 25 años gobernada por la izquierda, hoy representada por Morena. Durante ese tiempo, lejos de consolidarse como una capital moderna, equitativa y bien planeada, ha sido testigo de un estancamiento económico profundo. Mientras algunas colonias como la Roma, Condesa o Escandón se transforman gracias a la inversión privada y extranjera, el gobierno sigue sin ofrecer respuestas reales; no hay atracción de inversión, infraestructura ni políticas efectivas de vivienda o movilidad. Hoy, la colonia Del Valle va por la misma ruta, no porque el Estado la haya impulsado, sino porque el mercado la está reactivando.

El problema de fondo no es la gentrificación en sí, sino que el gobierno, tanto federal como local, no compensa ese fenómeno con inversión estratégica, empleos dignos ni salarios competitivos. Un joven de 25 años en México gana lo mismo que hace dos décadas. No hay atracción de talento ni incentivos para quedarse ni oportunidades para crecer. La desigualdad no la provocan los que vienen, sino quienes desde el poder han sido incapaces de construir una ciudad que funcione para todos.

Morena se escuda en su supuesto compromiso social para no asumir su fracaso económico. El deterioro urbano, la saturación de servicios, el encarecimiento de la vida y los sueldos congelados no son producto del mercado, sino del abandono institucional. Culpar a la gentrificación es fácil, lo difícil es gobernar bien, y eso es precisamente lo que no han hecho. La gentrificación ha sido malinterpretada, pero en muchas colonias significó renovación y crecimiento. Zonas antes abandonadas hoy son espacios con vida económica, cultural y turística, gracias a la inversión de nuevos habitantes, no a la acción del Estado.

Pese a los beneficios evidentes, algunos grupos promueven un mensaje que rechaza la inversión y el desarrollo. Las protestas contra la gentrificación se multiplican, con pancartas que exigen la expulsión de extranjeros y vecinos que organizan campañas de hostigamiento. La pluralidad y la apertura —elementos esenciales de una ciudad global— han sido reemplazados por un ánimo excluyente hacia quienes han decidido mudarse, pagar una renta alta y contribuir a la economía de sus nuevas colonias.

Vivir en una ciudad con servicios, seguridad y calidad de vida implica un esfuerzo, no se trata sólo de querer estar en las mejores zonas, sino de poder asumir lo que eso representa. Pretender que cualquiera pueda vivir en una colonia de alta demanda sin considerar los costos reales termina afectando a todos. No es un tema de excluir, sino de entender que el desarrollo tiene reglas y que el verdadero reto está en cómo lo hacemos accesible sin frenarlo.

La Ciudad de México no puede ni debe diseñarse al gusto de un grupo de inconformes que se oponen a cualquier mejora o cambio. El progreso de las colonias no puede estar sujeto a quienes bloquean el desarrollo con marchas, discursos populistas o acusaciones infundadas. El movimiento de personas, el intercambio cultural y la inversión han sido constantes que han impulsado a las grandes ciudades del mundo. Nuestro país no debe aislarse de esa dinámica.

Esto no significa que el Estado deba permanecer ausente. La gentrificación debe ser regulada y anticipada; lo que hoy se presenta como conflicto es consecuencia directa de la falta de acción institucional, sin reglas claras sobre renta de corto plazo, uso de suelo, vivienda accesible y servicios públicos, el resultado será una inflación urbana que afectará directamente el bolsillo del mexicano.

El verdadero reto no es detener la gentrificación, sino gestionarla con inteligencia. La gentrificación ha demostrado que las colonias pueden levantarse y ofrecer condiciones dignas cuando hay personas dispuestas a invertir en ellas. Lo que no puede permitirse es que, por falta de decisión política, ese impulso se convierta en caos. La Ciudad de México necesita modernización, reglas claras y un gobierno que no tema al desarrollo, sino que lo conduzca con visión.