¿Marchar desde el gobierno, para qué?

Una vez más, el gobierno de México distrajo tiempo y recursos no sólo del ámbito de su competencia, sino de un número importante de autoridades estatales y municipales emanadas del Movimiento Regeneración Nacional para emprender el acarreo de personas desde distintos puntos del país, tan lejanos como Baja California, bajo el pretexto de conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera. Ello, en el intento propagandístico del régimen por mostrar músculo social de apoyo hacia un conjunto de políticas públicas que, en los hechos, no han generado bienestares significativos ni tangibles en la calidad de vida de los hogares mexicanos.

Es claro que las manifestaciones sirven a los ciudadanos para expresar su rechazo a políticas públicas e iniciativas legislativas que consideran contrarias a los intereses —tan democráticos como legítimos— de una sociedad; pero no resultan útiles a las autoridades del partido oficial en cambiar la percepción colectiva, a partir de discursos gubernamentales incompatibles con una realidad cada vez más adversa en materias tan sensibles como la inseguridad, la falta de oportunidades de empleo, la menor capacidad adquisitiva de las familias o el desabasto de medicamentos en el sector salud, en el marco de programas que, en lugar de aportar soluciones, despiertan agravio e inconformidad por las condiciones de ineficiencia institucional que se perpetúan en éstas y otras dimensiones de atención prioritaria.

Así, ningún gobierno incrementa su nivel de popularidad o de confianza social como producto de concentraciones masivas; como tampoco partido alguno se hace más competitivo en la arena electoral por llenar las plazas públicas de simpatizantes y acarreados. Mucho menos cuando los motivos para los cuales son los ciudadanos movilizados se distinguen por resultados en ningún sentido presumibles. El caso de la marcha del fin de semana pasado ofrece un buen botón de muestra de ello.

El Movimiento Regeneración Nacional llamó a la movilización, como se dio a conocer, para conmemorar la Expropiación Petrolera, realizada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas hace más de ocho décadas y, en ese marco, hacer propaganda del supuesto rescate de las empresas paraestatales del sector energético, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Con ello, pone en el centro de la discusión dos gestiones que han dejado mucho que desear, por las pérdidas e ineficiencias que éstas han provocado desde 2018. Criterios de política pública en la industria petrolera nacional que ni siquiera convencen al mismo hijo de quien determinó la referida expropiación.

Por ejemplo, en el Análisis de resultados financieros y operativos de Petróleos Mexicanos al cuarto trimestre de 2022, el Instituto Mexicano para la Competitividad deja en claro que la fragilidad corporativa sigue siendo la norma, con base en la revisión de cuarenta indicadores elaborados con información oficial. Entre ellos, enfatiza que Pemex tuvo una pérdida de más de 172 mil millones de pesos en tan sólo los últimos noventa días del año. Asimismo, sus pasivos representan casi dos veces el valor de sus activos y, si bien tuvo utilidades netas anuales por primera vez en diez años, éstas no se debieron a fortalezas internas construidas por la actual dirección general, sino por un contexto mundial marcado por precios altos de petróleo crudo. Sin precios altos en un entorno de incertidumbre, el futuro de Pemex sigue siendo desalentador.

Resulta por demás ilustrativo que Morena llame a celebrar el rescate de Pemex, al mismo tiempo que la infraestructura de la paraestatal da muestras de innegable agotamiento y pone en riesgo la salud de las personas asentadas en las regiones cercanas donde ésta se ubica; como sucedió con las emisiones contaminantes de la refinería de Cadereyta. Hecho que propició la amenaza de clausura por parte del gobernador de Nuevo León.

Asimismo, resulta lamentable que las autoridades emanadas de Morena hagan uso discrecional de la bandera monumental ubicada en el Zócalo, retirándola en días de marcha ciudadana, pero izándola para darle marco a la quema de una figura que representa a la máxima autoridad del Poder Judicial. Por todo esto, desde la lógica oficial, cabe la pregunta: ¿marchar desde el gobierno, para qué?