Los costos del capricho

Las decisiones gubernamentales sin sustentos técnicos, objetivos sostenibles ni viabilidades financieras emprendidas por la presente administración nos han costado a los mexicanos varios miles de millones de pesos. Altos costos que son cubiertos con nuestros impuestos y, peor aún, están siendo sufragados con la eliminación de diversos fideicomisos muy valiosos por su impacto social, bajo las supuestas políticas de austeridad republicana. Medidas que, por la fragilidad de sus fundamentos, están causando más daños que beneficios en la calidad de vida de un considerable número de familias en todo el territorio nacional.

Son varios los proyectos que han desgastado, además, la conversación nacional y la construcción democrática de consensos en un régimen constitucional como el nuestro. Temas e infraestructuras de dudosa viabilidad en un intento por desmarcarse de gobiernos anteriores, como son la venta del avión presidencial, la construcción de la refinería en Dos Bocas, la edificación del Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía —en sustitución de una obra avanzada y atractiva, cercana al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México—, así como la deforestación que distingue la habilitación del Tren Maya, entre otros.

En el caso del avión presidencial, después de cinco años de intentar venderlo, por fin el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en su habitual conferencia de prensa de la mañana, que el mandatario de Tayikistán, Emomalí Sharípovich, adquirió dicha aeronave en 92 millones de dólares, monto que representa menos de la mitad por el cual se adquirió en hace apenas unos cuantos años, en que su costo de adquisición fue de 218 millones de dólares. De ahí que la venta no haya sido tan eficaz como difunden las líneas de comunicación del régimen.

Recordemos también la travesía del avión presidencial, el cual fue primero rifado en un sorteo de la Lotería Nacional con el objetivo aparente de beneficiar directamente a instituciones escolares y médicas. Sin embargo, trascendió en prensa que varios de los organismos ganadores, como una telesecundaria de la región de la Sierra Sur de Oaxaca, pasaron verdaderos martirios ante la falta de claridad en la entrega del recurso ganado.

Otro de los caprichos oficiales fue la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Ésta obligó a la cancelación de múltiples obras en proceso y la rescisión de contratos que ya se tenían firmados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Esta sola cancelación le costó al erario más de 331 mil 996 millones de pesos, cantidad que, en términos comparativos, le permitiría al gobierno la construcción de varios aeropuertos como el de Santa Lucía; si consideramos que para este proyecto el Presidente de México había anunciado, en un principio, que se invertirían 75 mil millones de pesos, pero hasta lo reportado en 2022, el costo habría aumentado, en los hechos, a 116 mil millones.

Respecto del Tren Maya, aunque pueda derivar en cierta funcionalidad para el traslado de ciudadanos y la carga de mercancías, los especialistas acusan que el impacto ambiental causado a la flora y los cuerpos de agua ubicados en el subsuelo son de gran magnitud. Además del ecocidio provocado en la zona de obras, cabe resaltar que la construcción gastó el año pasado 185% más presupuesto del que la Cámara de Diputados le aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con reportes oficiales.

En su momento, el presupuesto 2022 autorizado por los legisladores para este tranvía fue de 63 mil 603 millones de pesos, pero al terminar dicho año fiscal el gasto real ascendió a 181 mil 544 millones, ello sin considerar las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación, mismas que ascendieron a 1,131 mdp. Obviamente, menospreciadas desde los micrófonos oficiales del gobierno federal.

La refinería en Dos Bocas, que ni siquiera ha empezado su producción y en línea con lo acontecido en el resto de las obras impulsadas desde la Federación, ha representado un sobreejercicio por parte de esta administración: Pemex solicitó 6,470 millones de dólares más para su construcción, lo cual representa un incremento del 72% respecto del presupuesto original que había anunciado el mandatario mexicano. Este aumento, que se dio el año pasado, fue defendido por él mismo alegando que en su gobierno supuestamente no hay corrupción.

De esta forma, los presupuestos aprobados a ojos cerrados por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados parecieran destinados a cubrir gastos en proyectos sin viabilidad financiera, más que a contribuir a la observancia de un ejercicio responsable del Presupuesto en tiempos de incertidumbre económica. Así, nos encontramos con los costos del capricho del gobierno federal.