Ley y política, ¿por caso o por regla?

Cada vez más, los procesos políticos parecieran disociarse de los marcos legales. Como si ambas esferas del poder público fueran independientes o sólo encontraran interrelación objetiva en momentos de conveniencia —conforme a las percepciones de los distintos segmentos que componen a una sociedad democrática— y no dentro de un complejo sistema de contrapesos que genera orden y predictibilidad al conjunto social.

Por un lado, se encuentran las decisiones de gobierno que no encuentran las vías normativas para ser sustentadas de origen o continuadas con legalidad en la práctica, por lo que las autoridades proceden a la emisión de decretos, al cambio de su naturaleza administrativa o a dotarles de elementos fachada, a fin de facilitar su operación con la apuesta de que los tribunales podrían terminar validándose o postergando su resolución, en tanto avanza esa política pública u obra de gobierno hasta hacerla irreversible, a pesar de ir en contra del marco constitucional.

Por el otro, están las concepciones de impunidad del más alto nivel, desde las cuales todo el sistema político se encuentra supeditado a objetivos personales de poder. Para ello, se coarta el derecho a la información y la transparencia, se socavan los métodos e instituciones democráticas, así como se borra la línea entre los negocios privados y las dependencias gubernamentales. Lo peligroso de ambos casos es que la toma de decisiones se concibe desde la falta de rendición de cuentas y desde la óptica de la ley como un factor de estorbo, más que de certidumbre procedimental para todos los actores por igual.

Quizá la expresión más acabada de este autoritarismo es el expresidente Donald Trump, quien, dentro de la primera vertiente, saltarse el ordenamiento institucional e incluso por encima del Congreso para hacer política pública, firmó decenas de decretos desde los primeros días de su gobierno para alterar la estrategia de salud del gobierno central, poner pausa a la observancia de reglamentos que no fueran validados por su equipo de trabajo, restringir el libre mercado internacional o vetar a nacionales de países con base en su credo religioso o cultural.

Gran parte de esta actitud al margen de la institucionalidad fue la que finalmente terminó frustrando sus intenciones de reelección en la contienda frente al actual mandatario demócrata Joe Biden, por pretender menospreciar, a inicios de 2020, los efectos de la pandemia de covid-19, que se convirtió en una larga emergencia sanitaria con fuertes disrupciones en la economía y, por lo tanto, en el bienestar del bolsillo de los electores estadunidenses. El expresidente no procesó bien su derrota y, paradójicamente, es esa misma actitud, la del borrado de líneas entre la vida institucional y los intereses personales desbordados, la que pudiera terminar por descarrilar políticamente su aspiración de presentarse a una tercera elección presidencial como abanderado del Partido Republicano.

Hoy, el expresidente Trump se encuentra a dos fuegos judiciales. Uno, vinculado a su presunta responsabilidad por el asalto al Congreso de Estados Unidos, en el que incluso existe evidencia pública de su resistencia a desalentar a sus seguidores de la toma violenta del Capitolio; así como por las acciones para revertir el resultado de las elecciones de 2020, con alegatos de fraude que nunca pudo comprobar y con presiones a autoridades estatales, a fin de que éstas anularan el conteo de su entidad, como sucedió con el caso de Georgia.

El segundo, relacionado con acusaciones de manipular el valor de los activos corporativos del emporio Trump ante prestamistas y reguladores sectoriales, con el fin de acceder a préstamos preferentes y a excepciones fiscales. Prácticas comerciales que son investigadas a nivel estatal por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y la del fiscal general de Nueva York. Ambos fuegos se vieron agravados por el cateo que, en días recientes, realizó el FBI en la mansión de Donald Trump ubicada en Florida, en búsqueda de documentación oficial que no debiera estar en su poder.

De la base leal de votantes del expresidente poco se puede esperar, porque las acciones de la autoridad son vistas más como un agravio político que como una consecuencia natural de un actor que, potencialmente, podría haber violado la ley en varios frentes. De ahí que han salido a manifestarse a las calles. Sin embargo, está en los votantes más moderados la decisión de definir si hay espacio para una clase dirigente donde la ley y la política interactúan por caso, más que por regla.