Las consecuencias del narcoestado

La semana pasada, el gobierno de México volvió a exhibir su verdadero rostro, el incómodo, de negación, evasión y la complicidad silenciosa. Desde Estados Unidos llegó un golpe inesperado: el abogado de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, afirmó que su cliente se ha declarado culpable y se vuelve testigo colaborador, ofreciendo información que podría sacudir las estructuras más altas de la Cuarta Transformación.

El escándalo no estalló en territorio nacional, pero el impacto se sintió con fuerza en Palacio Nacional. En particular, en los rostros tensos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes ofrecieron una conferencia de prensa al enterarse de los dichos. Las expresiones lo dijeron todo, ni sorpresa ni indignación, sólo una incomodidad palpable.

Según lo señalado en una corte estadunidense, Ovidio estaría dispuesto a declarar contra políticos de Morena de alto nivel; no se trata de rumores en redes sociales ni de reportajes “incómodos”, ahora es un testimonio judicial con implicaciones jurídicas reales, bajo juramento y con la mira puesta en acuerdos que podrían involucrar años de prisión, rutas de tráfico y, sobre todo, nombres de quienes podrían estar más cerca del poder de lo que este gobierno se atreve a admitir.

La reacción en México ha sido predecible, con evasivas, justificaciones sin sustento y el clásico silencio institucional cuando alguna acusación versa sobre algún político de Morena. No ha habido un solo pronunciamiento oficial que anuncie una investigación, una revisión interna o una condena tajante a lo dicho por el abogado de Guzmán López. El gobierno prefiere callar, pero el silencio, en este contexto, tiene tufo de encubrimiento, pero, sobre todo, de temor.

Y mientras eso ocurre, el costo geopolítico lo empezamos a pagar todos los mexicanos. El gobierno de Estados Unidos, cansado de la inacción mexicana ante la crisis de la colusión con el crimen organizado, ha decidido imponer nuevos aranceles de hasta 30% a productos de exportación, porque México no ha querido, o no ha podido, asumir un rol serio y frontal contra el tráfico de drogas, sobre todo en el fentanilo, cuya asociación está ligada a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco.

El caso Ovidio no es sólo un juicio más en el extranjero. Es un espejo que refleja todo lo que está mal en el gobierno mexicano, el pacto tácito con el crimen organizado, el desdén por las víctimas, el desprecio por la transparencia. Que un narcotraficante confeso esté más dispuesto a hablar que un presidente en funciones dice mucho del estado de nuestra democracia.

Y aún más preocupante que una Presidenta decida responder a un abogado de narcotraficantes, eso habla de lo mal asesorada que está, pero lo más aberrante es haberlo hecho delante del gobernador de Sinaloa, quien está señalado y denunciado por tener vínculos con el crimen organizado. La Presidenta comenta que son dichos y que los dichos se tienen que probar; cabe recordar que Genaro García Luna está preso solamente por dichos, no le pudieron presentar ninguna prueba, excepto las triquiñuelas exhibidas por la UIF de Pablo Gómez, quien, curiosamente, se le fue de largo el tema de Vector, donde el Departamento del Tesoro sí tiene pruebas reales de lavado de dinero y del financiamiento a empresas chinas para la fabricación de precursores de fentanilo.

La política no se trata sólo de ganar elecciones a toda costa, inclusive con complicidad del crimen organizado, sino de asumir costos. Hoy, el costo de la inacción y el encubrimiento institucional lo estamos pagando las familias mexicanas. Para muestra, 30% de aranceles que nos impuso el gobierno de Estados Unidos.