La ruta del conflicto

Desde ahora, a dos distantes años del proceso federal electoral, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está conduciendo la sucesión presidencial al conflicto. Ello, porque, al margen de la Constitución y del marco normativo electoral, así como mediante la inexplicable falta de contundencia por parte de consejeros y jueces con facultades en la materia, ese partido opera en perjuicio de la equidad y legalidad que debiera disciplinar la competencia democrática de nuestro sistema de partidos.

En colaboraciones anteriores ya habíamos advertido de la simulación emprendida desde hace varias semanas por el partido en el gobierno. Actos anticipados de campaña disimulados en toda una amplia gama de actividades, en las que, con abierto proselitismo, se busca atraer la atención de la ciudadanía, incluso de aquella radicada en ciudades y estados donde no existe proceso electoral local en el horizonte cercano. Desde la pinta de bardas hasta la realización de concentraciones masivas en las que se movilizan simpatizantes y se dan gritos orquestados de “¡presidente!” a quienes los encabezan, Morena desafía flagrantemente la ley al promocionar la imagen de servidores públicos federales y de la Ciudad de México.

Quizá uno de los puntos más desconcertantes sea la actitud asumida por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral. Instancia que, frente a ésta y otras claras evidencias de presunta ilegalidad, prefiere emitir llamados irrelevantes a que los precandidatos del partido oficial se conduzcan dentro del marco de la ley (confirmación implícita de que no lo hacen y, por lo tanto, deben rendir cuentas de sus actos conforme a derecho); en lugar de sujetarlos a medidas cautelares, que contribuyan a dar por terminada la propaganda oficial desplegada sin apego a la neutralidad y los tiempos que exige la norma electoral.

Por eso, los equipos de los precandidatos presidenciales de Morena no tienen incentivos para replegar su proselitismo, sino, por el contrario, escalarlo a otros canales efectivos de promoción personal, como es el mundo digital. Ahora, a las concentraciones masivas que se han dado en plazas públicas, se agregan las de carácter virtual, con la realización de transmisiones en vivo por las distintas redes sociales o de interacciones en aplicaciones de mensajería instantánea, donde estos mismos aspirantes inciden en la percepción de miles de votantes en el contexto de una clara campaña adelantada.

El proceso interno de selección de candidaturas se encuentra tan extendido en Morena que, además, continuamente existen muestras de respaldo explícito por parte de gobernadores y legisladores federales de ese partido a aspirantes presidenciales específicos. No sólo eso, a diferencia del pasado, donde la filtración a medios era la norma para restar credibilidad a aspirantes rivales, en fechas recientes, sus simpatizantes se dedican a poner en tela de juicio los alcances de política pública obtenidos por los precandidatos contendientes. Tal y como se dio hace unos días en torno a la supuesta recuperación en unos cuantos indicadores de la seguridad en la Ciudad de México, con base en datos ofrecidos por el gobierno local.

Y es que todo pareciese indicar que, una vez definidos los destapes desde el gobierno federal y el método de selección de candidatura por el partido, el cual se realizará, como se sabe, por método de encuesta, los aspirantes de Morena tienen carta abierta e indiscriminada para posicionarse frente a los electores en búsqueda de mayores preferencias. Como si se careciera en el país de un ordenamiento rígido y terminante, como lo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyos capitulados fueron determinados en gran medida años atrás por las exigencias de ese mismo segmento político que hoy se niega a observarlos.

Ya si la Comisión de Quejas del INE no se siente motivada para cumplir con su responsabilidad, a partir de toda la evidencia registrada en los medios informativos y las denuncias interpuestas por los partidos de oposición, debiera, al menos, tomar en cuenta a las voces dentro del Movimiento Regeneración Nacional que piden a sus liderazgos acatar el marco constitucional, ante el reconocimiento de que se realizan actividades no necesariamente permitidas por ley. En especial cuando algunas de éstas también presumen, en forma por demás delicada, el uso de recursos públicos para fines de promoción personal y de partido.

Por todo esto, enfrentamos el riesgo de estar cautivos en la ruta del conflicto de cara a la sucesión presidencial. Un conflicto producto de la iniquidad en la contienda incentivada desde el partido oficial, y una ruta que avisora un escenario mucho más competitivo al que se piensa, por esta campaña adelantada que prueba la incertidumbre de los aspirantes de Morena sobre el capital político con el que, finalmente, arribarán a la elección de 2024.