La magnitud de la embestida

No llama tanto la atención que el partido en el poder se encuentre en campaña permanente de cara a la sucesión presidencial de 2024, sino que sus liderazgos políticos conciban que pueden ganar dicho proceso constitucional teniendo como único apoyo el de su base más leal de votantes. De ahí el riesgoso propósito gubernamental de hacer de toda la agenda nacional un posicionamiento de corte electoral, en el que profundizar la polarización es la meta prioritaria. Por eso el régimen no escatima en descalificar desde ciudadanos de a pie y empresarios hasta religiosos, con tal de mantener cohesionada a una base electoral cada vez más beligerante pero —a todas luces— insuficiente para construir victorias en las urnas.

• Por lo visto, no surtieron efecto las lecciones del proceso intermedio donde el Movimiento Regeneración Nacional perdió, cuando menos, la mitad de su poder en la Ciudad de México, así como los votantes le negaron la misma fuerza legislativa en el Congreso de la Unión a la obtenida en 2018. Todo indica que Morena está decidida a ir por la apuesta de la confrontación social hasta sus últimas consecuencias, así sea en materias de orden público que por el más mínimo decoro obligan a la ardua construcción de consensos.

De ahí que a Morena le moleste todo aquello que socialmente pueda ser percibido como una dinámica democrática, como es la segunda marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, a celebrarse el próximo domingo. Una movilización que no defiende gobiernos ni funcionarios ni políticas del pasado, como tampoco los privilegios concentrados en pocas manos del presente; sino que busca la preservación de un órgano autónomo ciudadano, imparcial y garante del mandato popular que se expresa en las casillas de conformidad con los tiempos y procedimientos marcados por la Constitución. Al régimen le incomodan las convocatorias con fines democráticos porque, al contrastarlas con sus argumentos, motivaciones y acciones, queda claramente al descubierto la naturaleza autoritaria de los perfiles que gobiernan el país. Resulta lamentable que desde el poder se pretenda caricaturizar a los ciudadanos y desvirtuar sus causas justas de participación cívica, con tal de dar trámite a una reforma que hace inoperante al INE; que obstaculiza la rendición de cuentas de quienes se conducen al margen de la ley electoral y que da luz verde a la interferencia directa de autoridades en la conversación pública durante el periodo de campañas. Algo que para la izquierda democrática de hace algunos años resultara impensable, ahora a esa izquierda nada democrática le parece vital para perpetuarse en el poder público, así sea en contra de la mayoría del electorado.

Sin embargo, el régimen no sólo embiste a ciudadanos, también va contra los religiosos. En especial, aquellos que piden reformas apegadas a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad del sistema electoral, a los que obliga nuestra Constitución. En un malogrado manejo de crisis, los voceros oficiales intentan evadir la gravedad del señalamiento afirmando que esta instancia de liderazgo eclesiástico no representa al papa Francisco, cuando resulta evidente que la Conferencia del Episcopado Mexicano es la máxima representación de su Santidad en nuestro país.

• La magnitud de la embestida con nuestra democracia es tal, que sólo existen tres factores que pueden salvarla: una entusiasta movilización ciudadana —que, por cierto, vuelve a impulsar voluntades en múltiples ciudades, más allá de la capital del país—; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser la última instancia con facultad de decisión para hacer valer el marco constitucional; así como los partidos de oposición, quienes tienen frente a sí el enorme desafío de realizar un proceso atractivo de selección de candidatos y de proponer una plataforma programática que persuada hasta a los más escépticos votantes a las urnas.