La crisis de la izquierda
Los dominadores comunes refieren a la ausencia de acciones contundentes que reviertan de manera sostenida las desigualdades sociales; la inseguridad rampante provocada por la impunidad con la que se conduce el crimen organizado y la delincuencia del orden común; así como una actividad económica que sigue manteniendo el disfrute de beneficios discrecionales
En muy contadas ocasiones, la izquierda ha dominado tantas instancias de poder público en América Latina como la de ahora, entre las que incluso se cuentan aquellas de los países más importantes de la región. Lo paradójico es que ni el carisma de sus liderazgos ni la alta visibilidad conseguida por sus respectivos gobiernos se han traducido en una idea clara de lo que propone y es capaz de conseguir esta corriente ideológica en nuestros países. Por el contrario, en años recientes se configura un preocupante mosaico de políticas públicas reprobadas, abusos de autoridad, menor bienestar social y un distanciamiento de los principios democráticos.
La dura crítica que hiciese ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ante el Grupo Plural del Senado de la República, pareciese retratar no sólo al Movimiento Regeneración Nacional, sino a la gran mayoría de los gobiernos de izquierda latinoamericanos. Esto porque, en términos generales, los dominadores comunes refieren a la ausencia de acciones contundentes que reviertan de manera sostenida las desigualdades sociales; la inseguridad rampante provocada por la impunidad con la que se conduce el crimen organizado y la delincuencia del orden común; así como una actividad económica que sigue manteniendo el disfrute de beneficios discrecionales, concentrados en unas cuantas manos. De los controles efectivos a la gestión pública, por parte de otros poderes constitucionales como los congresos, ya mejor ni abordamos el punto.
En el caso particular de México, amplios segmentos de la opinión pública —incluidos aquellos identificados a sí mismos como afines a dicha ala ideológica— coinciden con el punto de vista del ingeniero Cárdenas, en el sentido de que no ven un ejercicio gubernamental acorde a uno de izquierda. En paralelo, las preocupaciones ciudadanas por el deteriorado estado de la seguridad y la economía siguen manifestándose en proporciones significativas, lo que hace difícil asegurar que trascenderá un legado de modelo administrativo y de políticas públicas más allá de 2024, porque, de seguir la tendencia, hasta los precandidatos del partido en el gobierno habrán de presentar propuestas para rectificar el rumbo de las instituciones, si desean hacerse más competitivos y, con ello, estar en posibilidad de ganar la contienda presidencial. Bien dice el exfundador del Partido de la Revolución Democrática que poco se sabe de ellos cómo plantean rectificar los criterios que norman la toma de decisiones.
En la Argentina del kirchnerismo la discusión colectiva en torno a políticas públicas exitosas también brilla por su ausencia, porque la violencia y la inseguridad alimentaria siguen su curso, entre otros indicadores a la baja. Peor aún, la atención del gobierno de izquierda está concentrada en el más reciente escándalo protagonizado por la vicepresidenta Cristina Fernández, para quien dos fiscales piden 12 años de cárcel e inhabilitación de poder desempeñar cargos públicos. Esto al sustentarle su presunto involucramiento en administración fraudulenta y asociación ilícita. Sin dejar de lado la lucha de poder que ha emprendido desde el inicio de la administración contra el presidente Alberto Fernández, lo cual ha obstaculizado el adecuado funcionamiento de la estructura gubernamental.
En el gobierno de izquierda de Perú, la situación no es tan distinta. El presidente Pedro Castillo es parte de seis investigaciones judiciales por actos de corrupción, a tan sólo un año de haber iniciado su administración. La última fue abierta debido a la adjudicación fraudulenta de contratos de obras públicas asignados a empresas vinculadas a su familia directa. La cuñada del mandatario fue detenida por crimen organizado y lavado de activos, como parte de esta pesquisa judicial.
Si a ello sumamos las ilegalidades y violaciones a los derechos humanos protagonizadas por los presidentes de Nicaragua, Venezuela y Cuba —ya tratadas en entregas anteriores de este espacio—, se entiende a cabalidad por qué Lula da Silva se alía con el centro-derecho en un intento de deslinde de la izquierda que domina en América Latina, para hacer más potente su candidatura presidencial. Es así como, en una de las épocas de mayor bonanza, la izquierda de la región está en crisis.
